La ley de Vivienda siguió su tramitación en el Congreso, pero Galicia insiste en que intentará frustrarla por la vía judicial. La conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, lamentó esta mañana que nos prosperasen las enmiendas a la totalidad presentadas por el PP, Ciudadanos, el PNV, el PDeCAT y Junts. Pero confirma que la Xunta recurrirá el texto legal ante el Tribunal Constitucional.
En un acto en Santiago para visitar un nuevo hipermercado, Vázquez insistió en que la norma “es a todas luches inconstitucional”, informó EP. La conselleira remitió al primer informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para recalcar que comparte esta opinión sobre la norma. A finales de diciembre este órgano publicó sus conclusiones sobre el texto legal.
“La ley supone una clara limitación” de las competencias que ejercen las autonomías en materia de vivienda, que en parte quedan “expropiadas” por el Gobierno, apuntaron los jueces que realizaron el documento. Desde su anuncio, la Xunta se opone a esta norma con la que el Gobierno pretende, entre otras cuestiones, controlar la subida de los precios del alquiler.
Vázquez cargo también contra el BNG por su posicionamiento en el Congreso. A la conselleira “le llama mucho la atención” la abstención del Bloque frente a otros partidos nacionalistas, como el PNV, que trataron de parar la tramitación de la ley precisamente porque “incurre en competencias de las comunidades autónomas”. El titular de Vivenda acusó al BNG de “decir una cosa en el Parlamento gallego y otra bien distinta en el Congreso” y aseveró que el pedirán explica sobre esta postura. Detalló que la Xunta recurrirá la ley por “inconstitucional”, “intervencionista” y porque “no beneficia a nadie”. En esta línea, comenta que esta ley “frena” a promotores y auntamientos, además de que “estanca” las reclamaciones de vivienda pública. El consejero lamentó, además, que “no esté siendo posible” el diálogo con el Gobierno.
La Xunta censura que la nueva ley obliga a destinar para vivienda en alquiler el 50% del suelo qu’figura en el plan general como de reserva para viviendas protegidas. “Este medio sería inviable la promoción de los inmuebles, podría paralizará su construcción en suelos residenciales”, argumentó. También criticó que la norma amplía la calificación de permanente para las viviendas protegidas promovidas por promotores privados, que nunca adquirirán la condición de vivienda libre. Además también se opone al establecimiento de zonas tensionadas en las que se pueden limitar los precios del alquiler, al considerar que se desincentivará la inclusión de este tipo de viviendas en el mercado.
