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La sucesión de acontecimientos en Cataluña puede inducir al error de pensar que Jordi Sánchez, exsecretario general de las Junts y condenado por el Tribunal Supremo, tiene razón cuando afirma que “el proceso se ha cerrado”. Es cierto que la unidad nacionalista se ha roto en el Gobierno de Pere Aragonès y que Junts querrá ganar peso en las próximas elecciones municipales a lomos de una radicalización separatista que aún tiene tirón. El ‘trial’ hoy está finito, sí, pero no lo está la determinación de todo el nacionalismo de perseverar en sus objetivos independentistas, que es lo que, llegados los momentos criticos, amalgama a los partidos secesionistas con una sola voz. Probablemente cambien los escenarios en los que el Gobierno catalán luchará por esta independencia, pero no cambiará la idea de fondo. Por eso es un error de bulto que, como informa hoy ABC, el Gobierno haya dado instrucciones para que el CNI y las Fuerzas de Seguridad del Estado dejen de investigar el ‘deep blue’ del separatismo, todas sus conexiones y su capacidad de rehabilitarse en el futuro. Y eso significa tanto como que Pedro Sánchez no ve en la ruptura entre ERC y Junts una oportunidad para debilitar el proyecto separatista. La fragilidad del poder autonómico es fuente de riesgo para un nacionalismo que ha expresado impunemente los fondos públicos y las potestades normativas de la Generalitat en beneficio de sus proyectos separatistas. Este será un momento adecuado para revertir la agenda política en Cataluña, articular una mayoría constitucionalista, en el plano político y social, y aspirar a poner fin al régimen secesionista que está arruinando a la sociedad catalana. Más aún, si el lema oficial del independentismo sigue siendo “lo volveremos a hacer”.
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