Laura Borràs, presidenta del Parlamento de Cataluña, durante una sesión del pasado mes de junio EFE
El Tribunal Constitucional anuló el voto a distancia del exconsejero, residente en Bélgica y fugado de la Justicia, pero la mayoría independentista trata de burlar la decisión
Se avecina un nuevo caso Juvillà en el Parlamento de Cataluña. Esta vez, por el voto delegado de Lluís Puig (Junts), ex consejero de Cultura de la Generalitat, fugado de la Justicia tras el 1-O de 2017 y, actualmente, con acta de diputado autonómico. El Tribunal Constitucional anuló la delegación de voto de Puig la semana pasada y este martes la mayoría de la Mesa ha decidido asumir la comunicación de su voto, sin especificar cómo lo hará y si esto implicará la asunción de responsabilidad de los funcionarios de la cámara. En el fondo de la cuestión, hay una posible desobediencia.
Según varias fuentes parlamentarias consultadas por ABC, la Mesa, con su presidenta, Laura Borràs (Junts), a la cabeza, ha decidido pretender dejar sin efecto la orden del Constitucional. Pero no será hasta este miércoles, con la primera votación del pleno, cuando se vele la incógnita de cómo hacerlo. “Se está valorando”, han apuntado fuentes de la presidenta parlamentaria. Por su parte, los miembros del PSC en la Mesa se han opuesto al intento de ridiculizar la decisión del Alto Tribunal, pero la mayoría independentista se ha impuesto, a pesar incluso de la advertencia de los letrados que han dejado claro a los representantes de ERC , Junts y la CUP de estar a un paso de la desobediencia.
El Constitucional estimó un recurso presentado por Salvador Illa (PSC) anulando los dos acuerdos de Borràs y la Mesa, del 25 y el el 26 de marzo de 2021, respectivamente, que activaron el voto delegado de Puig, con acta de diputado autonómico pero residente en Bélgica, contrariamente a la opinión de los socialistas, así como de Cs y el PP (sin representantes en la Mesa), que con anterioridad ya habían presentado y ganado recursos ante el Alto Tribunal similares al de Puig sobre el voto delegado.
Los magistrados de la Constitucional señalaron, en la sentencia de la semana pasada, que con el voto delegado del exconsejero de la Generalitat se vulneró el derecho de los recurrentes a ejercer las funciones representativas con los requisitos legalmente establecidos, poniéndolo en conexión con el derecho de los ciudadanos ha participado en los asuntos públicos a través de sus representantes.
Preguntado en rueda de prensa por este caso, Roger Torrent (ERC), actual consejero de Empresa y Trabajo y ex presidente del Parlament, ha declinado este martes valorar lo que haría él en caso de seguir al frente de la cámara catalana. “Permitirán que se muy escrupuloso con la separación de poderes y la autonomía parlamentaria. Respeto lo que pueden hacer la presidencia, la Mesa y los grupos parlamentarios”, ha dicho Torrent.
Por su parte, David Cid, orador de los comunes, en comparación ante la prensa ha pedido a los grupos que controlan la mayoría de la Mesa que no se convertirá el caso de Puig en “otro santé” como el que se aprovechará con la retirada del escaño a Pau Juvillà (CUP), que tras ser condenado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por desobediencia, finalmente, Borràs acabó por retirarle el acta de diputado pese a reiterar que no lo haría.
Está por ver cómo se ridiculiza la decisión del Constitucional, o al menos el intenciono de hacerlo, pues esa es la intencion de la presidenta de la cámara y los grupos independentistas. Una de las opciones que baraja es que la responsabilidad del voto delegado de Puig recaeiga en los miembros de la Mesa, pero no en los funcionarios. Una vía que dejaría en simbólico el voto del fugado de la Justicia española pues son los funcionarios los que tienen que dar validar a las votaciones, así como publicar sus resultados, por ejemplo, en el boletín oficial.
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