La Fiscalía de Audiencia Nacional niega que haya habito un “cambio de postura en el caso llamado Miguel Ángel Blanco”. En una nota de prensa, el Ministerio Público defiende que “ni en ese procedimiento ni en ningún otro se han recibido directivas de ningún tipo, y menos de carácter político”.
Este jueves en la vista en la que tienen que declarar los ex-directores de la banda terrorista Mikel Antza y Anboto el ausente en la sala fue el fiscal que llevaba el caso, Vicente González Mota. Según información fiscal fuentes a ABC, su ausencia se debió a discrepancias unos días antes con el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, por la interpretación de que cada uno hacía subre la prescripción de los delitos en cuestión. Anteriormente, Alonso había elevado una consulta a la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, que aún dirige quién será el stituto de Dolores Delgado al frente del Ministerio Público, Álvaro García Ortiz, qua concluyó que debía prevalecer la doctrina sobre la prescripción tradicional frente a la tesis del fiscal inicial. Es decir, que ambos etarras no podrán ser juzgados por este delito dado que 25 años después ha prescrito.
Mota defiende que la prescripción no empieza a contar hasta el momento de la detención; sin embargo, desde la Secretaría Técnica interpretan que el tiempo empieza a correr en el momento en que se comete el delito. Ante este cambio de criterio, Mota se negó a ir a la comparcencia contenida en el juzgado y, en su lugar, acudió a otro fiscal, Pedro Rubira, que sí estaba de acuerdo con el criterio de la Secretaría Técnica.
Según las fuentes jurídicas consultadas por ABC, en la comparcencia aclaró que los informes de la Guardia Civil que señalaron a Mikel Antza y Anboto como los líderes de ETA que ordenaron y podrían haber evitado el crimen del concejal de Ermua no es suficiente para exigirles una posible responsabilidad penal si no hay más pruebas que lo sustenten.
“Los mismos criterios”
En el comunicado difundido ayer, la Fiscalía defiende también que el organismo “ha ejercido, ejercido y seguirá ejerciendo las labores que la Constitución y el Estatuto Orgánico nos reforzaron: promover la action de la justice en defensa de la legalidad”, para así –señalan – ‘Procurar el interés social con sujeción, en todo caso, a los principios de legalidad e imparcialidad’. Tras negar cualquier tipo de intervención política en el criterio de la Fiscalía de la Audiencia Nacional apuntan que “criterios de actuación siguen siendo los mismos que existían al momento de la reapertura”.
El Ministerio Público también ha asegurado que “continuará ejerciendo sus funciones como hasta el momento lo ha venido haciendo; con profesionalidad, legalidad, y lealtad” y descartan cuestiones políticas: “La Fiscalía se rige por criterios legales y jurisprudenciales”.
En el mismo comunicado, la Fiscalía ha explicado la aplicación de la prescripción del acuerdo a la Ley Orgánica 10/1995: “El cómputo de la misma comienza con el hecho delictivo y se interrumpe cuando el procedimiento de direct contra persona concreta mediante acto de imputación «.
