Turno para las conclusiones finales en el juicio contra Laura Borràs, por el presunto fraccionamiento de contratos cuando ésta dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). La Fiscalía mantiene la petición de seis años de cárcel y 21 de inhabilitación para la presidenta de Junts, mientras que rebaja de seis a dos la solicitud de condena para el informático que confesó tuvo beneficiado del encargo, Isaías Herrero. También para un tercer acusado, Andreu Pujol, por la elaboración de facturas falsas, para el que la acusación pública pide ahora un año y dos meses de prisión, frente a los tres que solicitaron en su escrito provisional.
Ambos alcanzaron un acuerdo con la Fiscalía, y Durante el juicio ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) admitieron los hechos. Herrero detalló que fue Borràs quien le encargó diseñar un portal web para la institución, en 2013, con un “contracto de trabajo encubierto” y “presupuestos comparsa”. Este miércoles, el representante del Ministerio Público ha reprochado que la presidenta suspendida del Parlament tilde la causa contra ella de persecución política.
Por este motivo, la fiscal ha recordado que la investigación, por la que Borràs terminó imputada por prevaricación y falsedad documental, comenzó “por un error en un apartado de correos” cuando una mujer, “de forma casual”, recibió un paquete que tenía como destinatario a Herrero. Dicho paquete conteniendo dinero falsificado. Fue este «hallazgo casual» el que arrancó las pesquisas.
Tras la intervención del teléfono de Herrero por parte de los Mossos d’Esquadra, escucharon éste explicaba que con “la jefa” -Borràs- facturó unos ‘trapis’ en la ILC, y que para resultar adjudicatario de los contratos, tenía que presentar varios presupuestos. En la conversación, el informático también manifiesta su temor al cambio de director de la institución.
«Era Borràs la que decidióa el adjudicatario de los contratos, no era Assumpta Pagespetit», ha defendido la fiscal, después que la acusada señalase a esta funcionaria, la administradora de la ILC, como responsable de la elaboración de expedientes, para descargar su responsibility . Durante el informe final, la acusación pública subrayó que sus subordinados se limitaban a tramitar expedientes, mientras que el director de la institución los “coordinaba y supervisaba”. “No puede alegar ignorancia deliberada porque una vez asume el cargo tiene que saber son sus funciones adecuadas”, ha esgrimido.
Es más, la fiscal ha recordado que los funcionarios de la ILC alertaron a Borràs sobre el fraccionamiento, y esta les “dio largos”. “No es de recibo descargar su responsabilidad en los subordinados que no tienen, dentro de sus competencias, la contratación. No tiene nada que ver el trabajo de tramitar con el de cidir y resolver. Ni Pagespetit ni Roger Espar establecieron los conceptos de contratos, no decidieron el adjudicatario y no ordenaraban los pagos, porque eso le correspondía a la señora Borràs”, ha apuntado.
“De la adjudicación de los expedientes a Herrero, podemos concluir qu’existió fraccionamiento porque el concepto de los contratos es coincidente”, ha argumentado la fiscal. Fueron un total de 18 contratos para elaborar una página web. “La creación del portal era un solo proyecto y tenía que ser objeto de un solo expediente de contratación, en ningún caso, objeto de fraccionamiento”, ha subrayado ante la sala.
Correos entre Herrero y Borràs
Para tratar de demostrar que la presidenta suspendió del Parlament estaba al tanto de l’fraccionamiento, la fiscal ha recurrido a los correos que esta intercambió con su entonces amigo, el informático. “Consta incluso en algún correo que las tareas que reflejaban los presupuestos no eran orientativas, sino conceptos inventados para encubrir un contrato laboral de trabajo. Andreu Pujol lo dijo en esta sala: ‘Cuando me presentaba, sabía que yo sería el adjudicatario pero que el trabajo lo haría Herrero’”, ha grabado el representante del Ministerio público. “En definitiva, este sistema de contratación menor, recurrente en el tiempo, era una manera de dar trabajo al Sr. Herrero, por eso ella [Borràs] habla en alguno de estos correos de un trabajo encubierto”.
Uno de esos correos, de julio de 2014, rezaba: “Isaías, pensaba que había enviado alguna propuesta a Roger [Espar, funcionario de la ILC], con presupuestos aproximados, sino ya lo haré yo. Que presenta los cuatro y solo ganes uno, el mas economico, el resto lo podemos hacer con la empresa de Aleix [un integrante del grupo de investigación que creó Borràs] y puede que con la cooperativa de Madrid, si tú haces los cuatro, yo haré el resto, por el dinero no sufras”.
Precisamente, la defensa de la presidenta de Junts examinó esta semana de desacreditar la valida de los correos que la inculpan. En la vista del pasado lunes, los peritos de parte aseguraron que n’había preservado la cadena de custodia del material informático incautado y que incluso podría haber modificado. Frente a ello, la fiscal ha recordado que Herrero reconoció haber recibido y escrito los correos electrónicos que la acusación esgrime como prueba del fraccionamiento de contratos.
Por ello, el representante del Ministerio público ha sostenido que Borràs menospreció la confianza de los ciudadanos, actuó al margen de la normativa administrativa y vulnerando los principios de publicidad y libre concurrencia para la adjudicación de contratos en el sector público. “Lo hizo sabiendo que era una actuación arbitraria”, ha defendido ante el tribunal.
Por todo ello, se ha concluido que Borràs incurrió en delitos de prevaricación y falsedad documental, pesa que su objeto final fue cumplir el encargo que le hizo el entonces consejero de Cultura, Ferran Mascarell, modernizar la web de la ILC. Pero este objetivo, ha indicado la fiscal, “no podía alcanzarse a través de medios fraudulentos, adjudicando todos los contratos a Herrero, aunque el trabajo se ejecutase y el precio fuera ajustado”.
«Vulneración de derechos»
Por su parte, el abogado de Borràs, Gonzalo Boye, ha denunciado la “vulneración de derechos” de su defendida, al considerar que el magistrado presidente de la sala, Jesús Barrientos, no es un “juez imparcial”. “La única forma de subsanarlo es con la absolución de mi clienta”, ha argumentado. También por la “filtración de documentos”durante el proceso. “Se han sostenido falacias y todo lo que se ha ido diciendo ha generado un relato que vulnera la presunción de inocencia de la señora Borràs, dando por hecho su culpabilidad”, ha señalado el letrado.
“Se ha dicho que los Mossos fueron apartados de la causa para poder tirar adelante la investigación, eso es falso. Se les apartó por cotillas. Se ha dicho que Herrero era amigo de Borràs, ¿pero qué amigo, ni qué amigo?. Todo eso se ha filtrado a los medios para generar una sensación de culpabilidad, de la que ustedes no pueden abstraerse”, ha indicado Boye al tribunal: “¿Quiénes sino ustedes pueden garantizar un juicio justo?”.
“Cuando Bélgica niega la extradición de Lluís Puig lo hace respaldado en el riesgo de vulneración de la presunción de inocencia. Con la señora Borràs pasa lo mismo que pasó en Bélgica”, ha esgrimido Boye, que también ha alegado una vulneración del derecho de defensa, después de que, durante meses, los tres acusados preparasen una estrategia conjunta y, en vísperas del juicio , Herrero y Pujol alcanzaron un acuerdo con la Fiscalía, por el que confesaron los hechos.
El abogado también ha sostenido que el derecho a la defensa de Borràs se vulneró cuando el tribunal denegó la testifical de Puig. “No nos porque se le pueda impedir declarar, cuando no tengan inconveniente en juzgarlo, no es muy coherente”. También ha insistido en que no podemos garantizar el candado de la custodia del material informático incautado a Herrero, para tratar de invalidar así los correos que inculpan a Borràs. “Trabajar sobre copias tiene riesgos, y uno de estos no puede decirnos sobre qué estaban trabajando [los investigadores]», ha sostenido.
Según la declaración del administrador de la ILC, ha apuntado que si no señaló a Borràs como responsable, sería ella, Pagespetit, la que tenía que tenía sentado en el banquillo como investigada. “No decimos que sea ella la responsable, sino que no hay responsabilidad por parte de nadie”, ha defendido Boye. “Ahora Pagespetit dice que no le gustó lo que estaba haciendo la señora Borràs, pero en sus redes sociales aunque colgaba fotos en las que posaba sonriendo junto a ella”. A lo que ha añadido: “Desde Núremberg se viene diciendo ‘yo solo cumplía órdenes’”.
“Aquí no hay ningún delito, la actuación de mi cliente fue ajustada y ventajosa para las arcas públicas”, ha apuntado el abogado. “Esto no es un concurso de popularidad o de simpatías a favor o en contra de la señora Borràs, esto es un juicio penal que tiene que enmarcarse en los criterios de legalidad, no vaya a ser, que, en materia de buscar lo que no ha pasado, el collar sea más caro que el perro y nos acabemos cargando el Estado de derecho», ha culminado el letrado para pedir la libre absolución de Borràs.
Borrás, “perpleja”
En su turno a la última palabra, la presidenta de Junts ha mostrado “perpleja” por una causa que se ha alargado durante cinco años. “La Fiscalía española ha querido demostrar que he favorecido a un amigo, algo que nunca podrá probar porque no ha pasado, si quise beneficiar a alguien fue a la ILC”, ha argumentado ante el tribunal. “Se ha querido hacer ver que era irregular algo que estaba permitido y me acusan de una supuesta falsificación de documentos que no he falsificado. Por eso hoy, aunque se acabe formalmente este juicio, todavía tengo muchas preguntas que no tienen respuesta. ¿A quién interesaba la desaparición de la institución?», ha deslizado.
Barrientos ha interrumpido a Borràs, al argumentar que su defensa ya la había ejercido su letrado. “Solo pido un momento para compartir cómo me siento, tras estos cinco años de pena mediática. Ustedes no han dictado aún sentencia, pero yo llego aquí con una condena ya cumplida. Se me ha criminalizado, caricaturizado. Ha habido un especial interés en presentarme como una corrupta, cuando alguna persona que haya trabajado conmigo sabe que soy una persona íntegra”, ha señalado la acusada.
Según la presidenta suspendida del Parlament, esta causa es una “persecución política”. “La investigación se puso en marcha en 2018 contra mi trabajo y mi reputación. Quiero que quede claro que no he malversado ni defraudado nunca. No falsificó ni prevaricó, solo cumplió con el encargo de modernizar una institución para hacerla totalmente digital”.
“Soy miembro de un grupo identificable de personas -ha deslizado en referencia a la sentencia del TJUE sobre Puig- y por eso estoy aquí”, ha culminado. El juicio ha quedado visto para sentencia.
