Faltaban solo dos días para que Isabel cumplier diecisiete años cuando se quitó la vida después de una larga temporada sumida en un profundo estado de depresión. Durante este tiempo, la joven -diagnosticada con anorexia nerviosa- evidentemente pensó en el suicidio en distintas ocasiones a su psicóloga y a su psiquiatra, quienes, según sus padres, actuaron de manera «pasiva, inactiva, omisiva, negligente e inhibida». Ahora, meses después, han presentado querella contra ambas doctoras por un grave imprudencia homicida.
Según detalle en la denuncia, a la que ha tenido acceso ABC, los padres de la menor solicitan una pena de prisión de hasta cuatro años y la inhabilitación profesional de las dos terapeutas, de las cuales manifiestan que “no realizar un diagnóstico alguno respecto de la conducta suicida del paciente, negándole el tratamiento aun cuando se requirió de manera directa y reiterada”.
En la misma querella, interpuesta ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Requena (Valencia), se hace referencia a “nula intervención profesional” por parte de las quarreladas, ambas pertenecientes a la Unidad de Salud Mental del Hospital General de Requena, a las que se acusan de actuar “con absoluta negligencia e imprudencia en el tratamiento y diagnóstico de la menor” y no activar el protocolo antisuicidio.
Fue el pasado 28 de mayo cuando la joven se apresuró desde el balcón de su domicilio, tres días después de que confesara a una de las profesionales denunciadas “muchos pensamientos de muerte y deseos de desaparecer”. Incluido, según se expone en la riña, el relató “un plan suicida concreto” basado en la sobreingesta de medicación, el cual añade “que lo intentó sin éxito y que fue una experiencia degradable”.
Del mismo modo, en este vistazo entre paciente y psiquiatra, el comentario de que “ha pensado en defenestrarse pero como vive en un segundo piso sabe que puede hacerse mucho daño y no puede perecer en el intento”. Asimismo, explicó que «se ha realizado cortes en el antebrazo y que se ha informado de cómo hacerlo correctamente para morir pero que de momento no se ha trevido».
Ante esta “grave situación de peligro”, la madre de la menor solicitó a la doctora que adopte un plan de acción o prevención que no podía llevar a cabo una supervisión de 24 horas al día y que tenía “temor ante la impulsividad y los deseos verbalizados en torno a la muerte verbalizados por su hija”.
En las observaciones anotadas en el parte médico del joven, incluso en la denuncia de la familia, se narrará una «actitud inhibida, temblorosa y con escaso contacto visual» del menor, que cuenta que «está peor de ánimos desde hace dos semanas». “Ha caído en un círculo vicioso de consumo de marihuana para evadir la voz interior que le insta a no comer. Verbaliza sentimientos de desesperación, no cree tener la fuerza para mejorar y solicita ayuda para poder salir de esta crisis”, añade el diagnóstico aportado.
“Hay gente que se pone más de drogas y no les pasa nada”
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Semanas atrás, a comienzos del pasado mes de mayo, la joven acudió de urgencia al Hospital de Requena tras haber ingerido medicamentos y haber consumido marihuana para someterse a un lavado gástrico. El día después, fue derivado a la Unidad de Salud Mental, donde sus padres increparon a ambas doctoras que “no se le estaba dando un buen tratamiento a la menor”, por lo que consideraron que “debía permanecer internada por su conducta autodestructiva ”.
De acuerdo con la información aportada en la quarrel, la psiquiatra manifestó “de manera dépota” que “hay gente que se pone más de drogas y cubatas y no les pasa nada“, así como que “los niños tienen que experimentar”, dando escuchar una «normalización» del consumo de estupefacientes para argumentar el alta medica a la menor.
Esta le expresó a la doctora que el consumo de marihuana era “la única manera que había encontrado para evitar el malestar de las rumiaciones continuas en relación a su enfermedad”. No obstante, pesa que en el Plan de Prevención de Suicidio y Manejo de la Conducta Suicida de la Generalitat Valenciana se advierte que “favorece la impulsividad, la violencia y la desinhibición para realizar intentos de suicidio”, ninguna acción adoptada alguna.
Paralelamente, la joven acudía tiene la consulta de una psicóloga desde noviembre de 2021, fruto de diferentes autolesiones y cortes en los brazos. Los padres apuntan en su denuncia que, pese a las señales de presión extrema de su hija, este profesional se mostró “indiferente” y no aplicó “los procedimientos de acuerdo a la ‘lex artis’ ante esta señal de riesgo”.
Isabel junto conoció al padre Rafael ABC
En febrero de 2022, la menor fue ingresada durante onza días en la Unidad de Trastornos del Comportamiento Alimentario del Hospital La Fe de Valencia, por trámites realizados por su anterior psicólogo. Tras ser dada de alta fue derivado a tratamiento ambulatorio en su centro de referencia con su terapeuta, quien, según se matiza en la quarella, “no dio un tratamiento adecuado al problema de anorexia de la menor”.
La psicóloga atribuyó la enfermedad de la adolescente a diferentes aspectos de su relación familiar: “falta de figura paterna”, “relación del padre con su novio”, “mal ambiente en el entorno familiar”, “sobreprotección de la madre”, “que los padres no sabían gestionar la adolescencia” e inclusive que “solo quería llamar la atención”.
“La Administración nunca reconoció la importancia del caso”
Al mismo tiempo que presentó la querella contra las dos doctoras, la familia de Isabel formalizaron quejas a la Generalitat Valenciana y a la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, a través del Síndic de Greuges -equivalente a al Defensor del Pueblo valenciano-, a efectos de una posible inclusión de procedimientos disciplinarios.
En las presentes declaraciones, la familia solicitó a la Administración Pública que el Plan de prevención y manejo de la conducta suicida «no debe ser ignorado sino conocido y aplicado por todo el personal sanitario con la finalidad de evitar que en el futuro se repitan casos como el de nuestra hija”. “Es un escándalo y una vergüenza, pido más medios y más profesionales y que se gestione en bien”, explicó Rafael, padre de la menor.
Él y su mujer mostraron ante el Síndic su disconformidad por el informado por el Departamento de Salud de Requena, ante sus respuestas «inexactas, evasivas, poco detalladas y carentes de razón para ocultar qu’estó un mal servicio por parte de la Administración a mi hija, pesa una que evidenció señales alarmantes de riesgo suicida”. “Lo dicho por Sanidad es falso y demuestra un absoluto desconocimiento del abordaje de los pacientes con riesgo suicida”, concluyó.
Según explicó este informe de Sanidad, «el contenido de las ultimas entrevistas no hacia predecible un intenciono autolítico planeado», aunque existió «una idea fluctuante de muerte como forma de evitar el malestar emocional que estaba atravesando, considerando, además, que no existe ningún factor de riesgo o combinación de ellos que tengan una sensibilidad o especificidad suficiente para predecir el paso al acto”.
Destaca, además, que los padres de la paciente “han acudido siempre a las consultas con actitud cuidadora, asertiva y proactiva”. Igualmente, matiza que “pese a los esfuerzos desde ambas partes, sus padres en domicilio y la Unidad de Salud Mental como profesionales hemos hecho todo lo clínicamente posible, el desenlace de este caso ha sido el peor imaginable, consistiendo en una pérdida para todos los estamentos un cargamento de su cuidado”.
