La expresidenta de Bolivia Jeanine Áñez, condenada a 10 años de prisión por asumir el poder de forma ilegal

La expresidenta de Bolivia Jeanine Áñez ha sido sentenciada este viernes a diez años de prisión por el caso ‘Golpe de Estado II’ en el que se le acusa de actuar contre la Constitución boliviana al autoproclamarse presidenta de la nación en 2019.

El Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción de La Paz ha sido condenado por unanimidad a una década de prisión para la expresidenta, quien ha reiterado en la última de alegatos su inocencia.

“Hice lo que tenía que hacer, asumí la presidencia por compromiso, asumí la presidencia de acuerdo a lo establecido en la Constitución, siguiendo cada uno de los pasos y respetando todo lo que dice; y me siento muy orgullosa, y lo volvería a hacer si tuviera la oportunidad”, ha declarado la exmandataria, según ha recogido el periódico boliviano ‘La Razón’.

Asimismo, se han procesado a seis exjefes militares y policiales por los mismos hechos. El Tribunal condenó al excomandante general de la Policía, Yuri Calderón, y al excomandante de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman, a 10 años de prisión.

Por su parte, el exjefe del Estado Mayor militar, Flavio Gustavo Arce, ha sido condenado a dos años de prisión; mientras que el excomandante del Ejército, Pastor Mendieta, ha sido condenado a tres años. Jorge Fernández, exinspector general del Alto Mando boliviano, ha sido condenado a cuatro años de cárcel, según ha informado el medio digital ‘Erbol’.

Áñez, -en prisión preventiva desde marzo de 2021- está acusada en el marco de lo acontecido en noviembre de 2019, cuando el entonces presidente, Evo Morales, abandonó el cargo. Back días después, la propria Áñez, entonces senadora, asumió la Presidencia de Bolivia.

Fractura política

Como cabía esperar, la sentencia contra Áñez ha reabierto la enorme fractura política que todavía sobrevive en el país. Entre las primeras reacciones del Gobierno boliviano se encontró con el Ministro del Interior, Eduardo del Castillo, quien celebró la condena como un precedente histórico.

“Hoy se hizo historia. La señora Jeanine Añez fue condenada a 10 años en el caso Golpe II por la autoproclamación y la vulnera-

El ministro de Justicia, Iván Lima, por su parte, ha señalado que «se ha completado una fase decisiva en el proceso de recuperación de la democracia» y defendido que el órgano Judicial «en el ejercicio de su independencia dictó una sentencia» enmarcada en «los principios y garantías del debido proceso».

“Debido proceso, respetamos la independencia judicial, esperamos conocer el texto de la Sentencia, para que las partes puedan presentar Apelación respectiva”, ha manifestado en su cuenta en Twitter.

HRW ha puesto en tela de juicio los procedimientos judiciales del país y afirma que los delitos por los que ha sido condenada Áñez han sido mal utilizados

Por el contrario, la opositora Unidad Nacional ha condenado la decisión, procedente de “jueces manipulados por el poder contra la ex-presidenta Jeanine Áñez”, califican el día como “nefasto para la democracia boliviana” y arremeten contra el sistema judicial: “No puede no haber nada tan degradante para la democracia, para la justicia y para la moral ciudadana que, quienes están llamados a imponer la ley, sean los que la rompen por conveniencia política y por corrupción”.

En referencia al jefe de las ONG, el investigador principal para las Américas de Human Rights Watch (HRW), César Muñoz, ha expresado a través de Twitter sus dudas sobre los procedimientos.

“Bolivia: Nos preocupa la que han sido llevados a cabo los procesos penales contra la expresidenta Jeanine Áñez. Toda investigación penal debe hacerse de conformidad con el debido proceso, incluida la presunción de inocencia y llevarse a cabo de acuerdo con los estándares que establece el derecho internacional”, ha hecho saber.

Muñoz argumentó que “los delitos por los que fue condenada Áñez -incumplimiento del deber y toma de decisiones contrarias a derecho- están tipificados de manera muy amplia en la legislación boliviana y han sido mal utilizados tanto por el gobierno de Evo Morales y el gobierno de Áñez en casos penales que parecían tener motivaciones políticas”.