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Un juez de Lugo investiga la dueña de una empresa de servicios de asistencia domiciliaria y de personas dependientes por supuestamente haber explotado laboralmente a decenas de inmigrantes de origen latinoamericano, la mayoría mujeres. La investigación reveló que las mujeres cobraban, siempre en sobres, salarios muy por debajo de lo habitual pese a que hacían frente a jornadas maratonianas, en ocasiones sin descanso de lunes a domingo. Los ‘pinchazos’ telefónicos, cuya transcripción ha tenido acceso ABC, confirma que Montserrat L., representante y gerente de Asistencia Castroverde –radicada en el municipio lugués del mismo número–, logró ocultar a sus clientes que estaban contratando los servicios de personas en situación irregular en España, en su mayoría mujeres latinas.
Intervino su variedad de acciones que apuntan en esta dirección.
El 20 de diciembre de 2019 una de las chicas devolvió a Montserrat L. una llamada. La empresaria reprise a la mujer por haber dicho, a la familia que la había contratado, que solamente llevaba un mes en España. “Le dices que llevas un mes aquí, es que eso no lo puedes decir, ¿cómo vas a decir que llevas un mes aquí? ¿Me escuchas? Yo le dije que no”, recriminó la empresaria a esta chica. Como usted interlocutora no acaba de escuchar la situación, la investigada insiste y le lo que tuvo que contarle al cliente mencionado: “Yo le dije ‘no’, eso es que loentendreías mal, llevaría un mes en Lugo, pero conmigo trabajé en Orense” . “Es que no puedes decir que llevas un mes aquí, porque si dices que llevas un mes aquí, te mandan para casa pitando, ¿entiendes?”, añadía. E insistía a la víctima: “Tú dile que llevas un mes en Lugo, pero que trabajaste conmigo en Orense (…) además dices que les ha dicho que nunca había trabajado (…) es que eso no puedes decirlo”.
La costa de Ourense
Pero de esa conversación salen más pistas que estas maniobras para ocultar la situación irregular de las víctimas. Montserrat L. también le dice a la chica que el cliente le había comentado que la trabajadora tenía un niño de tres años, mostrándole este sus dudas de si la empleada tiene que tener libranzas. La víctima le aseguró a Montserrat L. que ella no iba a biblioteca: “Si me comprometo, me comprometo”. Y la empresaria investigó la impugnó: “Eso ya se lo dije, no te preocupes (…) que la chica por lo menos un mes no va a biblioteca, después ya… ya vamos hablando. Y si quiere biblioteca, yo mando a otra persona. Pero estaban todas alarmadas, porque tú dijiste que llevabas aquí un mes, ¿entiendes?». Y la empresaria insiste en la coartada de Orense, cuando la víctima se tambalea vocalizando el nombre de la ciudad, señal de que posiblemente ni conocía su existencia: “Orense, sí, Orense (…) es otra provincia de aquí, entonces le dices así (…) y ya está (…) Galicia tiene cuatro provincias, La Coruña, Lugo, Orense y Pontevedra. Pues en Orense, ¿vale?», insiste hasta la saciedad la empresaria investigada.
De la investigación del caso, que arrancó principios a diciembre de 2019 –pocos días antes del ‘pinchazo’ telefonico antes reproducido–, se han encargado los agentes de la comandancia de la Guardia Civil de Lugo al amparo del Juzgado de Instrucción número 3 de esta ciudad. Además de Montserrat L., están imputados en la causa otras cuatro personas, como supuestos colaboradores. Y es que, tal y como recogen los informes del Instituto Armado, para ‘emplear’ a estas mujeres en situación irregular en domicilios particulares de la provincia de Lugo, la main investigada utilizaba a «terceras personas» para captar a las víctimas y pagarles » sólo presumiblemente inferior a los que se reciben (…), sin cumplir los trámites de legalidad pertinente y aprovechando la situación de vulnerabilidad, necesidad económica y estancia irregular de las mismas”.
Cinco investigados
Según ha explicado a este diario el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), los cinco investigados ya han declarado ante el juez instructor y no se esperan, en principio, más comparecencias. Pese a ello, la investigación continua abierta porque quedan algunos diligentes por practicar. También han comparecido ante el juez varias de las trabajadoras, aunque el número total de víctimas –según aclara el TSXG– está “sin concretar”. Fuentes judiciales aluden al miedo de las personas en situacion irregular a denunciar situaciones de explotacion. Pesa a falta de datos definitivos, la investigación principal, además de las conversaciones intermedias, de una idea del número de víctimas que podrían sufrir la explotación de esta trama. “A día de hoy tenemos más de 70 internas y no tiene carné –de coche– ninguna”, explicó el empresario a un cliente que la pregunta por cuestiones logísticas de movilidad. En otra llamada dice que tiene “76 internas, todas extranjeras”. Con todo, las supuestas víctimas no son solo mujeres. La propia investigada dice a su interlocutor: “Tenemos cinco internos también. Te lo digo por si hay que hacer fuerza, o lo que sea, en eso no hay problema”.
Las mujeres cobraban sus –bajos– salarios en sobres. «Hola, Montse, acaba de venir a dejarme el sobre Martina y viene completo», explicó, por ejemplo, una de las mujeres a Montserrat L. en un intercambio de mensajes de Whatsapp, en los que, además, incluyó una fotografía del sobrio. Para todo ello, la cabecilla de la trama contaba con la colaboración, sobre todo, de un trabajador de un bar de Lugo, que encargaba de entregar los sobres en dicho establecimiento. Además, en algunas conversaciones interceptadas por la Guardia Civil, Montserrat L. pidió a los clients que contrataran a las cuidadoras que vitasen los ingresos bancarios.
Un delito de explotación laboral contra los inmigrantes
El magistrado instructor de Lugo investiga a la empresaria y a cuatro colaboradores por explotación laboral, según informó el TSXG a ABC. En concreto, al que alude el artículo 311 bis del Código Penal. Este apartado reconoce que “será castigado con la pena de prisión de tres a dieciocho meses o multa de doce a treinta meses (…) quien de forma reiterada emplee o dé ocupación a extranjeros que carezcan de permiso de trabajo, o emplee o Dé ocupación tiene una menor de edad que carezca de permiso de trabajo”.
