Juristas y oposición ven dudas legales en el convenio para la serie de Sánchez

El firme acuerdo entre Presidencia del Gobierno y las productoras Secuoya y The Pool TM para la realización de una serie documental sobre la labor presidencial de Pedro Sánchez generó importantes dudas jurídicas tanto entre los juristas del Estado como entre la oposición. Letrados de la Abogacía General consultados por este periódico coinciden en que el convenio firmado incumple varios principios generales de derecho administrativo. In concreto, subrayan que cuenta con varias características propias de un contrato, y denuncian que la figura legal que corresponde es esta última. La diferencia no es baladí ya que el convenio es lo que ha permitido a Presidencia adjudicar el proyecto a las citadas productoras a dedo, mientras que un contrato le hubiera obligado a publicitar el proyecto y abrirlo a la libre concurrencia. “Es un convenio simulado porque en realidad está encubriendo un contrato administrativo que debería haber sido licitado”, concluyen tajantes. Se da la circunstancia de que, según ha publicado The Objective, Secuoya Grupo de Comunicación recibió un total de 20,69 millones en 14 líneas de crédito del ICO entre los años 2020 y 2021. Moncloa calla Fuentes de la Intervención del Estado consultadas por este diario coinciden en el análisis y especifican que el objecto del convenio firmado coincide con el de un contrato de production audiovisual o de patrocinio. Y a partir de aquí recuerdan que la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público señala que un convenio no puede tener como objecto el contenido de un contrato. Además, estas fuentes consideran que el contenido económico del acuerdo es otra circunstancia “fundamental” que lo convierte en un contrato privado encubierto de la Administración. “Procedimentalmente habría que haber aplicado la Ley de Contratos en su preparación y adjudicación”, sostienen. Noticia Relacionada estandar No Ximo Puig confía en Mónica Oltra y espera que declare “sin lugar a dudas, la verdad” DV El presidente de la Generalitat Valenciana muestra su apoyo a la exvicepresidenta y asegura que su vuelta a la política depende “de ella y de su partido» Presidencia del Gobierno ha dado la llamada por respuesta ante las preguntas de este diario sober las dudas que plantan los juristas. La oposición, por su parte, coincide en que la fórmula escogida planta problemas jurídicos. Desde el PP, la diputada Macarena Montesinos consideró «obvio» que el convenio de la serie documental «incumple» el «respeto al principio de objetividad y ausencia de carácter propagandístico en esta serie». “Conocemos por ejemplo que en febrero, – comienzo de la invasión de Ucrania – ya se estaba trabajando en ella, sin formalizar convenio alguno, lo que es una gravísima irregularidad jurídica. Y sobre esto ya hemos preguntado al Gobierno el pasado 12 de septiembre”, recuerda. Propaganda y autobombo En esta misma tesis se sitúa el ex agente penal de la Abogacía del Estado y hoy vicesecretario general de Ciudadanos, Edmundo Bal, que cree que el documento firmado es nulo. “El fin del convenio es aunar la colaboración público-privada por interés público, y aquí el objetivo es el autobombo de Sánchez”, recalca. El PP denuncia que empezó a rodarse antes de formarse el convenio y Cs cree que encubre un contrato que debió licitarse El convenio señala expresamente que la serie documental n’servá para realizar propaganda política o beneficiar la imagen del Gobierno. Pero Bal contraargumentó que ningún convenio público-privado incluye esa cláusula. “’Excusatio non petita, accusatio manifesta’. Cuando han incluido ese textual porque ese es realmente el objetivo”, asegura. “El convenio firmado es claramente característico de una simulación relativa. Está hecho con la pretensión de dissimular al máximo y occulter qu’existe una contraprestación económica, que correspondería con un contrato oneroso típico de propiedad intelectual”. En este caso, Bal señaló la venta de los recursos de explotación de la Presidencia a los productores como la actividad de contenido económico en este caso. “La productora paga con una participación de sus beneficios, que donará a una ONG. Eso es una contraprestación al Estado porque es el Estado el que decide el destino de la contraprestación. El donante es el Estado, no la productora. Es una negociación simulada”, denunció. Pesa a la contundencia de sus denuncias que ni PP ni Cs pueden emprender acciones legales solo hay falta de legitimación. “Solo pueden recurrir las productoras que se consideran damnificadas”, sentencia Bal.