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Antonio Resines, que algo sabe de pasar tiempo ingresado en una UCI, hizo poco unas declaraciones que volvieron virales: “Hay un problema gravísimo (…) muchísima gente está en precario (…) nadie tiene contratos fijos. Pero gente que lleva 20 años trabajando en un mismo hospital y gente de un nivel acojonante. At la sanidad pública le hace falta una inyección de dinero, y hay dinero. Y si no lo hay que lo quiten de otros sitios, porque es fundamental”.
Lo corroboran en la UCI del hospital de Guadalajara, donde califica una situación laboral “insostenible”, en la que la pandemia “simplemente ha sido la última gota que ha colmado el vaso”. “Trabajamos con una gran presión asistencial, en unas condiciones que se mantienen y que no son las adecuadas para el paciente”, resume un empleado que prefiere guardar el anonimato.
Antes del coronavirus, la UCI de Guadalajara tenía diez camas para una provincia que supera los 260.000 habitantes. Sin embargo, en los peores momentos de la pandemia, la gerencia del hospital encontrará que ha tenido 42 casos críticos y la planta ha pasado de 23 a 90 casos.
“La UCI requiere personal profesional que sepan manejar a un paciente crítico y la plantilla, en un gran porcentaje, no está experimentada. El problema de la Enfermería es que no se coinciden las especialidades. Así como en Medicina tenemos claro que un oftalmólogo no puede actuar como pediatra, en Enfermería los sindicatos no luchan por esa especialización”, explica este trabajador.
Y lo que fue una solución de urgencia, se ha perpetuado: “Los parches que se usaron para atender la pandemia en las primeras olas se han normalizado”. En la gerencia, mientras, remiten a que en la provincia ha habido “seis olas muy marcadas”, a que “se ha realizado formación en distintos momentos” y a que “se ha intentado que el personal que se ha reubicado para las distintas olas tuvieran experiencia en la UCI”.
El hospital de Guadalajara acumula 40 años y la Junta de Castilla-La Mancha es “perfectamente consciente de la necesidad de dotar a la UCI de mayor superficie y nuevos espacios”. El presidente regional, Emiliano García-Page, aseguró que el 23 de abril comenzaría el traslado al nuevo hospital, pero no ha sido así.
La gerencia publicó un comunicado en el que achacaba no estar cumpliendo los plazos debido a la crisis de abastecimiento por la guerra de Ucrania y a las impugnaciones judiciales de empresas que aspiran a los concursos públicos de suministro de equipamiento. Y desde entonces no se ha dado una nueva fecha. Los profesionales sanitarios desconocen cualquier información al respecto: “Sabemos lo que oímos en los medios de comunicación”. A cambio, la gerencia afirmó que “se ha pretendido ir siempre de la mano” y que todo aquel que ha querido “ha estado invitado” a “una visita”.
Contratos eventuales
Lo que no parece que vaya a cambiar son los contratos eventuales, una práctica habitual de la Administración pública, que los va renovando sin que el trabajador disfrute de periodos vacacionales. La fuente de ABC dice que ya ha firmado nueve desde marzo de 2020. “Es totalmente legal si agregan la coletilla ‘por necesidades del servicio’ o por ser ‘una situación excepcional’. Pero, ¿por qué hay necesidad de servicio? Porque las plantillas están diezmadas, porque vamos siempre al límite de trabajo”, expone. La gerencia argumentó que el “encadenamiento de contratos” es “realmente positivo”, ya que “aunque la presión ha disminuido siguió contando con los profesionales”.
Cabe matizar que han bajado los enfermos críticos con coronavirus y, pese a ello, el nivel de asistencia “ha advertido mucho”. “No sé si es porque como la Atención Primaria está saturada, los pacientes llegan muy malitos. Y eso es algo que no vimos antes”, manifiesta quien lo ve en primera persona.
Finalmente, también hay “muchos compañeros” en atención psicológica. “Y luego la recibe, pero te siguen presionando y te llaman en los días libres para que vayas a trabajar porque no hay personal. Yo esto lo puedo asumir el primer año, pero es que vamos a por el tercer verano de pandemia”, lamentó. La gerencia lo niega, citando el programa para atender el impacto mental del covid tanto en profesionales como en pacientes y familiares. Y, sobre todo, incide en que “en ninguna circunstancia se le obliga al profesional” a trabajar en sus días libres.
