No es casual que la Comisión Europea haya expresado, con su clásico lenguaje de diplomacia prudente, pero con la contundencia de una institución preocupada, su preocupación por el chocque institucional vivido en España. Y tampoco es casual que después de que el Gobierno de coalición haya hablado abiertamente de ‘golpismo judicial’ contra decisiones soberanas del Parlamento, la Comisión haya respaldado al Tribunal Constitucional, inste a cumplir sus resoluciones sin desobedecerlas, y haya enviado al Gobierno el mensaje de que las reformas expresan asuntos tan sensibles como los equilibrios de poderes y las mayorías establecidas no son del gusto de Bruselas. Hacer reformas del calado de las que reclama Pedro Sánchez, tanto en el fondo como en la forma, demanden seguir los estándares europeos propios de las democracias liberales, y demanden recabar el criterio de todas las partes implicadas en esas reformas, desde el Poder Judicial, por las asociaciones de jueces pasando, y terminando por la Comisión de Venecia y por el Consejo de Europa. Nada de esto ha cumplido con la reforma automática que pretendía acometer Sánchez para controlar el CGPJ y el TC, y por eso ha quedado suspendida su tramitación. El mensaje de Europa no ofrece lugar a dudas. Políticamente, se trata de un triunfo ‘in extremis’ del PP, que recurrió a la desperada ante el TC, y que ha conseguido una reafirmación de la legalidad cuando el Congreso se la había herido en el debate parlamentario a los diputados de la oposición por Las prisas de Sánchez. Por eso cobra merito y sentido la posición institucional expuesta por Alberto Núñez Feijóo, ofreciendo nuevos pactos de renovación de los órganos constitucionales si Sánchez renuncia a sus acuerdos con los independentistas. Como se sabe, Sánchez ofrece una imagen que potencia mucho la virulencia con el hecho de que su Gobierno había amenazado al TC con consecuencias impredecibles. No obstante, su rebaja del tono y de la tensión queda a expensas de la strategia que siga a hora, toda vez que el PSOE y Podemos han anunciado tramitarlo al fin como proposición de ley. En este terreno, cómo podríamos intentar alterar la mayorías del CGPJ, así lo pesamos en el pasado y recibimos una dura censura desde Europa. Los acuerdos de Estado son necesarios, y el alejamiento irreversible entre PSOE y PP solo aumenta la tensión política y el desgaste de las instituciones. En este sentido, hubiera sido deseable que el TC no reprodujera milimétricamente la radical división entre magistrados tragada por la izquierda o por la derecha. Esta percepción de bloqueos inamovibles, pesa haber resultado en este caso garantía de cumplimiento de la legalidad, de una imagen demolida de politización de la Corte que no hace ningún favor a una democracia. Sin embargo, hay que huir de posiciones puramente deseables o sencillamente ingenuas. No se atisba pacto alguno. Sánchez ha quedado noqueado con la resolución del TC y nunca hasta ahora había sufrido un reves similar, salvo cuando fueron declarados ilegales sus estados de alarma. Cuando Sánchez llama a la “serenidad” conviene ponerse en guardia. Ahora tiene una nueva oportunidad de negociar con el PP, respete los trámites parlamentarios y la letra de la Constitución porque ya se ha apartado demasiado de ella. Si eso se añade que las quejas por la deriva del PSOE no provienen solo de esa «derecha política, mediática y judicial» que tanto gusta utilizar al Gobierno, sino de un número creciente de socialistas moderados, cobra más sentido aún un cambio inmediato de rumbo de Sánchez.
