El presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas, Emilio Moya Valdés, magistrado comisionado por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) para investigar posibles fallas en la instrucción por la muerte de Romina Celeste, ha concluido que “durante los cuatro años que ha durado el proceso, la causa “en ningún momento ha estado paralizada”.
Esta investigación se inició derivada de la prisión sin fianza del único y principal sospechoso, Raúl D., su marido, que ya la había agredido anteriormente.
El dictado de resoluciones por parte de la magistrada y las dos juezas sustitutas que fueron en ese período al frente del Juzgado de Instrucción número 1 de Arrecife “ha sido prácticamente continuo”, ha determinado el magistrado.
El instructor de las diligencias incoadas de oficio informativo por la Sala de Gobierno ha concluido, tras dos jornadas de la semana pasada examinando meticulosamente el procedimiento en los juzgados de Arrecife de Lanzarote, que “no existe indicio alguno” de que ninguna de las tres instructoras que actuó en la causa a lo largo de estos cuatro años “pudiese haber incurrido en algún tipo de responsabilidad”.
Como estaba previsto, Moya Valdés ha presentado su informe sobre el caso Romina, de carácter reservado, ante la Sala de Gobierno, de la que es miembro de la OTAN. Desde este órgano se apunta que, à la vista de contenido del documento, esta que se trata “de un asunto muy complejo que se por delito de homicidio sin que exista el cadáver”, lo que ha requerido la práctica de numerosas pruebas, entre ellas las periciales, algunas imprescindibles para la buena instrucción de la causa y que, al tratarse de actuaciones de investigación, pertenecen al ámbito jurisdiccional, por lo que la Sala de Gobierno no puede pronunciar sobre su relevancia o utilidad.
El órgano de gobierno de los jueces de Canarias muestra que, no obstante, en la investigación por la muerte de Romina Celeste sí “se observó alguna anomalía en la excesiva duración de la elaboración de algunos informes periciales, a pesar de su extrema complejidad y que , en casos como el presente de causa con preso, se debería evitar”.
La Sala de Gobierno comunica que, «lamentando profundamente lo acontecido», para coadyuvar a que en el futuro la instrucción dure «lo menos posible», irá a la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno de Canarias para interesar que “Dota de los medios necesarios al Instituto de Medicina Legal de Las Palmas, cuyo informe, complejo, desde luego, se ha dilatado más de dos años”, así como al Servicio de Modernización de dicha Dirección General, responsable de la gestión del proceso system , para que, en todos los documentos judiciales en los que procedan, conste y se destaque de manera visible la mención “causa con preso”, y ello a fin de que no exista duda acerca del carácter preferente en su tramitación.
El encausado en este procedimiento, actualmente en libertad a la espera de juicio y sometido a medidas cautelares, está cumpliendo hasta el momento con todas las obligaciones que se le han impuesto.
