Lo que pretendía ser una reforma lingüística anunciada a bombo y platillo como algo histórico es ya una nueva crisis entre los partidos que forman el Govern catalán y, a su vez, entre los cuatro que suscribieron y registraron en el Parlamento de Cataluña, este jueves, la modificación de la Ley de Política Lingüística de 1998. El plant de Junts, un partido dirigido por golpe de tuit, ha destapado que la propuesta de reforma, firmada por PSC, ERC y los comunes, además de Junts, se interpreta de diferentes formas según los intereses de cada una de las formaciones impulsoras de la modificación legislativa. En los márgenes de la iniciativa, los otros cuatro partidos parlamentarios, Vox, la CUP, Cs y
el PP, que, al igual que los promotores, valoran la reforma según su conveniencia y de manera opuesta.
Mientras tanto, este viernes finalizó el plazo para que la Consejería de Educación aplicara, en todo el modelo escolar catalán, la orden del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que fija en un 25% al menos el número de horas lectivas de asignatures no lingüísticas truncales o analogas en español. Orden que el departamento que encabeza Josep Gonzàlez-Cambray parece haber ignorado, según el anuncio de la plataforma Escuela de Todos, que la semana que viene pedirá la ejecución forzosa de la sentencia, y, también, por la nota que el propio consejero envió ayer en el TSJC.
Aunque no era necesario que el consejero, tanto que responsable de la ejecución de la sentencia del 25% tal y como dijera en su momento, informara al TSJC, según fuentes del tribunal autonómico, Gonzàlez-Cambray remitió igualmente al tribunal una nota listando las iniciativas que desde su departamento y el Parlamento autonómico han arrancado para, en realidad, intentar eludir la aplicación de la sentencia. Básicamente, eso es elaborando una encuesta “sobre la realidad sociolingüística de los centros educativos de Cataluña”, que el Síndic de Greuges llevó a cabo otra encuesta sur los usos lingüísticos en los colegios –en la que equipara un a asignature académico con la lengua que hablan los niños en el patio y en el comedor–, que está en marcha un nuevo decreto del Govern Catalan que déarrolla el título lingüístico de la Ley de Educación de Cataluña y, sobre todo, que está en trámite la reforma de la Ley de Política Lingüística, en referencia a la iniciativa de que Junts dinamitó solo ocho horas después de firmarla. Por lo tanto, ni rastro del 25% de español, que era la única orden de los magistrados en sentencia firme.
División de pareceres
En cualquier caso, se trata de una explosión sin control detonado por parte de Junts la que, más allá de demostrar las debilidades del partido que lidera des de Bélgica Carles Puigdemont y desde Barcelona Jordi Sànchez, ha reflotado las contradicciones del PSC, ERC y los comunes a la hora de interpretar la propuesta de reforma. Para Eva Granados, portavoz del PSOE en el Senado y exdirigente del PSC, “el acuerdo al que hemos llegado da cumplimiento a la sentencia del TSJC, no hay que poner literalmente lo que dice una sentencia, hay que legislar”. Sin embargo, para Jéssica Albiach, líder de los comunes en el Parlamento autonómico, “era imprescindible tener un paraguas jurídico para shieldar la inmersión”, frente a la sentencia del TSJC y las que podrían llegar, porque así, se “impide los porcentajes” . O cumple con el TSJC o es un paraguas contra el 25%.
En ERC, por su parte, optaron por guardar silencio, tras el contundente y breve comunicado de la noche del jueves contra la decisión de Junts, a los que calificaron de irresponsables, y dejaron que Pere Aragonès, presidente de la Generalitat, fijara la posición de la formación que, a oscuras, sigue controlando a Oriol Junqueras.
Aragonès confesó que la propuesta de reforma se lleva a cabo para intentar esquivar la orden del TSJC en relación al 25% y para “favorecer la lengua más débil, y la realidad es que la lengua más débil en conocimiento y en capacidad de uso en las colegios e institutos de Cataluña, desgraciadamente, es el catalán”.
La reforma, en el aire
Con todo, el consenso anunciado para modificar la Ley de Política Lingüística tendrá menos de 24 horas. Ahora está por ver si PSC, ERC y los comunes se atreven a aprobar la reforma sin Junts. Sources oficiales de los socialistas y los comunes señalaron que por ellos no habría inconveniente. El problema lo tiene ERC, que formó gobierno con Junts, partido que no descarta presentar enmiendas para eliminar el español como lengua vehicular.
El acuerdo a cuatro, según varias fuentes consultadas por ABC que participó en la negociación, se fue fraguando en los últimos dos meses con el protagonismo de la ex consejera autonómica de Educación Irene Rigau y jugando un papel importante el secretario de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, así como la fundación orgánica del PSC. Los comunes se sumaron al pacto en las últimas semanas.
