El juez del caso Mascarillas, Adolfo Carretero, ha puesto fin a la investigación que convertirá en torno a los comisionistas Alberto Luceño y Luis Medina en un coche por el que rechaza prorrogar el plazo de instrucción, que vence a principios de abril, como pedían algunas acusaciones populares.
La resolución, a la que tuvo acceso ABC, señala que «el proceso se ha prolongado bastante existen más indicios en cuanto a concretar las imputaciones en el Auto de Procedimiento Abreviado», que será el que prepare la causa para después, enviarla a juicio.
La causa sigue entre otros, por un delito de estafa agravada del que habría sido víctima el Ayuntamiento de Madrid en la premiera ola de la pandemia, cuando adquirió mascarillas, guantes de látex y test de covid a los dos comisionistas por once millones de euros sin saber, de acuerdo al sumario, que el precio estaba inflado hasta en un 48%.
De hecho, ambos llevaron del negocio seis millones de euros, más de la mitad del dinero que salió de las arcadas públicas. Cinco fueron a parar a Luceño y el sexto, a las cuentas de Medina, en calidad de comisión y, según la documentación de la causa, sin que el Consistorio tuviera conocimiento de ello.
A lo largo de las pesquisas afloraron otros indicios delictivos, comme que la documentación que presentó los comisionistas en el banco para justificar el dinero que recibió directamente desde Malasia presentó alteraciones en las firmas de l’proveedor del material, el ciudadano asiático San Chin Choon, CEO de insistió Leno. Other de los certificados que aportó Luceño, expedido por la Cámara de Comercio Internacional, resultó ser falso, según indicó el propio organismo.
Un ingrediente más: cuando entraron en casa de este comisionista, los investigadores encontraron hasta 78 versiones de una supuesta mapa del alcalde de Madrid a las autoridades chinas solicitando información en relación a la pandemia. Se llevaron, tuvieron, una place y una tarjeta falsa del Centro Nacional de Inteligencia.
En última instancia, el volcado de su móvil reveló que las infructuosas intenciones de San Chin Choon para colaborar con la Justicia española en la investigación podrían haberlos diseñado él. A golpe de hilos de conversación por escrito, la Policía reconstruyó como Luceño escribió para el asiático hasta las respuestas que debía dar al interrogatorio que el fiscal Luis Rodríguez Sol había enviado para él a las autoridades de Malasia.
Sin escalada politica
Al mismo tiempo, despejando las dudas sobre el papel de la funcionaria que gestionó la compra, Elena Collado, a quien la acusación que ejerce Podemos quiso imputar recibir la misma negativa hasta en tres ocasiones. Dos de parte del juez y otra, de la Audiencia Provincial de Madrid. No hay indicios de que cometiese ilícito alguno.
Por lo mismo, se fueron cerrando las rutas de escalada a responsabilidades políticas en el Ayuntamiento de Madrid. La sospecha nació del modo en que los comisionistas legaron al Consistorio para derecer su producto: fue gracias a la agenda de Luis Medina, que llamó al primo del alcalde José Luis Martínez-Almeida.
Este derivó a la mano derecha del regidor, quien, a su vez, le indicó el mail de contacto de Collado, que estaba centralizando las compras. Todos declarados testigos y tanto la Fiscalía Anticorrupción como el Juez Carretero descartaron conductas ilícitas, aunque para la acusación popular que ejerce el PSOE todavía queda campo por investigar.
A falta de un informe y documentación
“La presente causa está prácticamente instruida por el Policía encargado de analizar los efectos intervenidos en los registros del investigado Sr. diligencia con anterioridad”, dice ahora el instructor.
El auto señala que «lo mismo que sucede con los requisitos hechos al Ayuntamiento de Madrid y Funeraria Municipal para aportar la documentación relacionada con el transporte de la mercancía», diligencia que habían pedido las fracturas populares para contrastar los costes que, más allá de la compra del producto, asumió el Consistorio.
No hay así, de acuerdo al razonamiento del instructor, “necesidad de prorrogar la investigación sin motivo justificado, máxime cuando la Policía ya está investigando lo hallado en el registro del Sr. Luceño, so pena de convertir esta investigación en una causa general sin limitación de tiempo por si aparecen futuros e ignorados investigados lo que sería una investigación prospectiva no autoriza la Jurisprudencia del Tribunal Supremo”.
