El Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia ha decretado el archivo para el director general de Política Lingüística de la Generalitat Valenciana, Rubén Trenzano, la causa abierta por un presunto fraude de subvenciones al empresario Francis Puig, hermano del presidente Ximo Puig, y a los Adel Bover.
Según parte de la resolución, contra la que cabe recurso de reforma, el juez ha acordado el sobreseimiento libre y el archivo de las diligencias para Trenzano (Compromís) sin perjuicio de las acciones civiles que, en su caso, pueden corresponder al perjudicado.
La defensa de alto cargo valenciano había solicitado el archivo de las actuaciones al considerar como alegación que su representado no había llevado un cabo delictiva alguna. El PP y la Fiscalía se opusieron a la petición y el juez, tras estudiar los hechos, ha archivado finalmente la causa para él al no ver índices de delito.
Esta causa se inició a través de la querella del Partido Popular por presuntos delitos contra la hacienda pública, prevaricación y malversación contra Francis Puig, director ejecutivo y consejero delegado de Comunicació dels Ports SA y administrador de Mas Mut Produccions y contra Rubén Trenzano.
A Trenzano se atribuyó la ausencia de acreditación de cumplimiento de los requisitos exigidos para la concesión de subvenciones a Francis Puig y, posteriormente, se amplificó la querella contra Enrique Juan Adell Bover como administrador de la empresa Canal Maestrat y Kriol Produccions.
En marzo de 2022 se acordó la declaración investigada por Francis Puig pero no de Rubén Trezano. Efectivamente decidió no prorrogar la instrucción, con lo que se encuentra pendiente del cumplimiento de las diligencias acordadas. Entre ellas no estaba la declaración de Trenzano, por lo que se consideró que no cabe ya en este momento acordar su testimonio.
“Peña de banquillo”
Al respecto, el juzgado considera que, sea cual fuera el resultado de las diligencias pendientes, “no cabría acordar la declaración como investigado de Trenzano”. Así, añade: “Continuar la instrucción teniéndole como investigado sería tanto como aplicarle la pena de banquillo”.
Un mayor abundamiento -continúa el juez-, pesa sobre la redacción inicial de la querella que imputaba a Trenzano un delito de prevaricación o de tráfico de influencias, «las diligencias practicadas no aportaron indicios suficientes para recibirle declaración como investigado».
De hecho, apostilla, las diligencias pendientes están encaminadas a determinar si hubo delito de fraude de subvenciones por los investigados o una posible falsedad documentación en la actuación de Francis Puig o Adell, “delitos en los que ninguna participación tenga Trenzano, pues la quarella se dirigida contra el en calidad de director de Política Lingüística por una presunta ausencia de control en su concesión, de los que no hay indicio alguno”, sentencia.
