Fue el 21 de septiembre de 2017 cuando la secretaría judicial Montserrat del Toro salió por la azotea de la Consejería de Economía de la Generalitat. Fue así como llegó al teatro Coliseum, donde se mezcló con algunos actores de la función que acababa de finalizar para, escoltada por mossos de paisano, poder salir de allí. Pasó “miedo” y por ello pidió auxilio al titular del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, quien había ordenado a la Guardia Civil desarticular la maquinaria puesta en marcha para celebrar el referéndum del 1-O, tras ser declarado ilegal por el Constitucional . La operación Anubis había comenzado a las ocho de la mañana del día anterior. Pronto, quedan a kilómetros los simpatizantes independentistas que viven concentrados en los puertos de la Consejería que dirige Oriol Junqueras. Entre ellos, los líderes de Òmnium, Jordi Cuixart , y de la ANC, Jordi Sànchez , que acabaron encaramados al techo de un Nissan Patrol de la Benemérita. Según ambos argumentaron durante el juicio ante el Supremo, para tratar de dispersar a la masa, aunque el fallo que los condenó a nueve años de cárcel por sedición consideró que Sànchez puso trabas y «hostigó» a los agentes que trataron de efectuar el registro y que incluso llegó a emplear un tono “incendiary” en alguna de sus consignas aquella fecha. El bloco de la comitiva judicial en la sede de Economía fue, propiamente, la primera vez que el independentismo despegó que estaba dispuesto a usar la calle para defender el referéndum y el proceso de ruptura, en una escalada que comenzó con el destrozo de los ‘ patrullas’ de la Guardia Civil el 20 de septiembre de 2017 y culminaría, dos años después, con la plaza de Urquinaona convertida en campo de batalla tras conocerse la sentencia que enjuició precisamente los primeros hechos. “Hace cinco años, contra la represión del Estado español, respondimos. Intentaron detenernos y no podemos, porque somos pueblo y no lo hemos dejado de ser. Cinco años después del 20-S, seguimos con el mismo compromiso y el mismo convencimiento, ¡ganaremos!», clamaba ayer ERC, capitalizando, durante un acto público una fecha que, en el contexto actual, le sirve para marcar músculo ‘indepe’ ante la competencia de Junts. Riesgo “obvious” Hace cinco años, el teniente al mando del operativo relató que no tuvo la “osadía” de abandonar el edificio una vez culminada la intervención porque los habrían “machacado”. Señaló así que el riesgo era “objetivo y evidente”. Algo de lo que también le advirtieron a los Jordis. Así, aunque la secretaría judicial pudo abandonar la zona pasada la medianoche, la decena de guardias civiles que tuvieron en el registro como Policía judicial permanente en la Consejería varias horas más. Según explicó su superior, allí se vivieron momentos críticos, como cuando tuvieron que sujetar la puerta desde dentro porque, por la presión que ejercían los manifestantes desde el exterior, pensaron que «se estaba viniendo abajo». Mientras, en la calle, algunos manifestantes -según la Guardia Urbana, allí llegaron a congregare unas 40.000 personas- sustrajeron uniformes, cascos, placas de identificación y una munición del interior de los vehículos de l’Instituto Armado, estacionados frente a Economía. Fueron efectivos de los Mossos d’Esquadra quienes recuperaron poco después las mochilas con el material antidisturbios, aunque no lograron detener a los autores del robo. Los incidentes durante la concentración fueron llevados al punto de milagro al principio de la policía catalana, Josep Lluís Trapero, allí estaba la intendente Teresa Laplana, quien fue acusada por la presunta pasividad que mostró el Cuerpo para disolver aquel protestado. La Audiencia Nacional los absolvió al considerar probado que –tanto el 1-O, como el 20-S– la actuación de los agentes “no fue de colaboración con los independentistas, sino que afrontaron la situación de un modo que evitó graves daños”. El objectivo de aquel dispositivo fue desmantelar el aparato logístico de la votación. Entre los 14 detenidos aquella jornada, dos que ahora se encuentran a la espera de juicio, Josep Maria Jové y Lluís Salvador, secretario de Economía y de Hacienda, respectivamente –ahora diputados de ERC en el Parlament–, acusados de malversación, prevaricación , desobediencia y revelación de secretos. Fue precisamente durante la entrada de los investigadores en casa de Jové, mano derecha de Junqueras, aquel 20 de septiembre, cuando el Instituto Armado se incautó de una libreta Moleskine, así como de un documento de Power Point de 41 páginas, bautizado ‘Enfocats’ , que detallaban la hoja de ruta del ‘procés’. Una hoja de ruta que contaba con borradores de ley proyectos que guardaban relación con la creación de estructuras de Estado, como una hacienda propia, y por ello se les bautizó como los arquitectos del ‘procés’. Cinco años después de aquella jornada, Jové, que llegó a participar en la mesa de diálogo con el Gobierno en 2020 –meeting a la que acudió con una libreta Moleskine–, dijo ayer que sin el 20-S no habría existido el 1-O . En una entrevista en Rac1, el republicano opinó que la operación policial supuso “un gran error de cálculo por parte de los aparatos del Estado” – Un “error” que, según éste, llevó a movilizar a la gente quería votar en el referéndum declarado ilegal. El 20-S se convierte así en el primer pulso en la calle del ‘procés’.
