El Gobierno mantiene el shieldaje al lobo en todo el país, pero se abre a ‘muertes selectivas’ –“extracciones”, según su terminología– que deberá tener una justificación técnica previa, según sucedió este jueves una división Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, que reúne a las autonomías y el Gobierno.
Más de diez meses después de la inclusión del lobo en el Listado de Especies en Régimen de Protection Especial (Lespre) que extiende la protección del lobo a todos los países y todos los intentos anteriores, el Gobierno ha logrado sacar adelante la strategia que articulan las Normas para la convivencia con el canido.
El texto, sin embargo, salió adelante con el rechazo de siete comunidades, entre ellas Castilla y León, Galicia y Cantabria, que contiene el 93% de la población del lobo en el país y que acusaron al Gobierno de “unilateralidad” al haber rechazado sus propuestas “por consentimiento”. El bloque de comunidades ‘loberas’ solo Asturias (PSOE) destapó el rechazo final, al considerar que podrá llevar a cabo controles poblacionales.
“Que de claro que es una estrategia meramente de circunstancias y que hay que revisarla cuando tengamos un censo nacional que compare con los datos de hace ocho años”, dijo este jueves el titular de Ganadería de Cantabria, Guillermo Blanco.
Las comunidades más afectadas por la decisión lamentaron que la strategia nació con el desconocimiento del estado de las poblaciones del lobo que, según defienden, han crecido desde el último censo, de 2012-2014.
Muy condiciones
La estrategia establece la aplicación de un régimen de excepciones que requerirá autorización administrativa. Este solo se otorgará si cumple tres condiciones: ocurrencia de daños graves al ganado, ausencia de otra solución satisfactoria (como los métodos preventivos), y mantenimiento de la población en un estado de conservación favorable, según fuentes ministeriales. Transición Ecológica será quien recabará la información y el remitirá a la comunidad, encargado de la actuación.
“La comunidad ha pedido ese informa hace tres meses al Ministerio sin haberlo obtenido. La strategia como documento orientativo no puede convertirse en un instrumento de desarrollo normativo pues genera más inseguridad jurídica de la ya existente”, dijo Blanco.
También según la consejera gallega de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, el documento va “en contra de la población rural gallega”, específicamente de la que se dedica a la ganadería extensiva, y no aporta la seguridad jurídica suficiente.
Curiosamente, la introducción de las “selectivas extracciones” tampoco ha gustado a organizaciones como Ecologistas en Acción, que aunque celebra que finn los “cupos de lobos a matar”, ve “innecesaria” la excepción. El grupo cree que “algunas comunidades” podrían basar “toda la gestión del lobo en estas excepciones”.
En definitiva, habrá indemnización por daños al ganado y medidas de prevención para la ganadería extensiva, se destinarán 20 millones a repartir entre las autonomías.