El Partido Socialista ha decidido dar un paso atrás en su ofensiva para intensificar el control político sobre las autoridades independientes y los órganos reguladores e impedir que sus actuaciones y decisiones “distorsionen las políticas públicas” y pongan en cuestión la “legitimidad democrática” del sistema, según argumentó en la propuesta parlamentaria que ha redactado junto a Más País y que ha pactado con el ala izquierda del Parlamento para reforzar la imparcialidad e independencia de estos organismos.
Lo ha hecho, además, en uno de los puntos clave que se discute en la subcomisión parlamentaria constituida para abordar este asunto: la modificación del proceso de selección de los máximos responsables de las autoridades independientes. Los socialistas habían plantado en principio
Imponer para todos los reguladores y organismos independientes un sistema único de selección, basado en una convocatoria pública de candidatos para parte del Gobierno, con una evaluación de méritos y capacidades similar a la de todos ellos y un examen parlamentario -pero requiere que el propio- al candidato elegido por el Gobierno, para el que la propuesta incluso planta la constitución de una comisión parlamentaria específica al estilo de lo que sucede en los aglosajones países.
El modelo plantaba un auténtico terremoto institucional, que de aplicar obligaría a modificar las leyes que regulan el funcionamiento de un puñado de organismos esenciales en la arquitectura institucional española como el Banco de España, la CNMV o la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ( CNMC), en el que se regula el número de sus máximos mandatarios. Así lo han puesto de manifiesto en público el Partido Popular, que ha defendido la necesidad de respetar la especificidad regulatoria de cada una de las autoridades independientes, y en privado más de un responsable de los propios órganos reguladores, que según fuentes parlamentarias habrían trasladado al máximo nivel su ansioso sobrio este asunto.
Sea por este o por otro motivo el caso es que el Grupo Socialista ha decidido enmendarse a sí mismo, desmarcarse del consenso de las fuerzas de izquierda en torno a esa propuesta y renunciar a imponer un único sistema de selección para todos los organismos reguladores. Su nueva propuesta, aprobada el pasado miércoles en la subcomisión con el apoyo del PP y a la que ha tenido acceso ABC, subraya que el futuro marco regulatorio debe asegurar que estos cargos “tengan la experiencia y el conocimiento suficiente en el sector en el que vayan a operar para poder actuar en defensa del interés general y sin someterse a presiones” y ello, dicen ahora, “es mejor conseguirlo con una regulación heterogénea de dichos requisitos”.
Desde el PP se muestra satisfecho con este criterio cambio. “Hemos apostado por el principio de que respetar la especificidad de los órganos independientes, teniendo como función diaria el proceso de selección de los máximos responsables, es la mejor forma de garantizar la independencia”, asegura el diputado popular, Pedro Navaro.
La autoenmienda de los socialistas en este punto no ha disipado sin embargo las dudas en torno a la posible introducción de alguna clase de control político sobre otros aspectos de la operativa de los reguladores.
El riesgo del control político
El próximo 9 de marzo la subcomisión debatirá sobre lo que algunos consideraron como el auténtico mascarón de proa de la ofensiva del ala izquierda del Parlamento sobre los órganos reguladores: all reference a la gobernanza y la rendición de cuentas.
El texto pactado por PSOE, Más País, Unidas Podemos y ERC acomete, bajo la bandera de la legitimidad constitucional del Parlamento, contra algunas de las líneas rojas que han configurado hasta la fecha el espacio de independencia de los órganos reguladores. La propuesta afirma que el Congreso podría fijar las diversas autoridades independientes y órganos reguladores programas de actuación que deberán observar, llegando incluso a plantar la posibilidad de que las Cortes puedan remover a las personas encargadas de esas autoridades si no cumplen el mandato parlamentario. “El refuerzo del control parlamentario superaría el déficit de legitimidad democrática que en ocasiones se achaca a estos órganos”, dice la propuesta rubricada por el Grupo Socialista.
En la primera reunión de la subcomisión se debatirá, del mismo modo, la posibilidad de establecer controles a posteriori sobrios a la actividad privada que pudiera haber librado a los máximos responsables de este organismo, una vez hayan superado los dos años de cuarentena que establece el régimen de incompatibilidades. En este sentido, se reivindica un control estricto sobre sus actuaciones.
