Un mes y cinco días después de su entrada en vigor, el Gobierno ha presentado el recurso contra el veto a la pesca de fondo en 87 áreas del Atlántico. El Ministerio de Agricultura y Pesca garantizó su interposición por vía telemática ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El departamento que dirige Luis Planas intentará impedir la regulación que la UE debe proteger a los ecosistemas marinos vulnerables. El recurso basa su argumentación jurídica en dos de las críticas que más se han repetido en las últimas semanas. La decisión se considera sin contar “con la información científica más actual disponible” y sin tener en cuenta tampoco el impacto social de la medida.
A través de un comunicado, el Ministerio explicó que el veto es “desproporcionado e injusto”. Considerando que se violarán los principios de la Política Pesquera Común (PPC) por no haber producido un “equilibrio” entre la protección de la biodiversidad marina y el mantenimiento de la pesca sostenible. España argumentó que se ha vulnerado el principio de proporcionalidad «que es uno de los principios generales del Derecho de la Unión».
El recurso censura, además, el erróneo diseño del reglamento. «Provoca la paradoja de que, a pesar de que fue concebido para atender a unas circunstancias específicas que concurren en el arrastre de fondo, han sido el longline y otras fijas de fondo la que han resultado afectados al verses privados de sus caladeros habitales». , indica. La pesca de arrastre, que faena hasta los 400 metros de profundidad, no se ve apenas perjudicada por este reglamento. La peor parte se la han llevado los palangreros de los puertos de A Mariña lucense, que en los últimos días ya han denunciado un importante descenso de sus capturas. Las artes de pesca que usan tienen mucho menor impacto para los fondos marinos. La demande también pone en cuestión el cierre de zonas excesivamente amplias alrededor de los ecosistemas vulnerables. Esta decisión, a juicio del Gobierno, afecta especialmente a España por su menor extensión de la plataforma continental.
En un acto en Zaragoza, el ministro Luis Planas agradeció la “magnífica colaboración” al sector pesquero e insistió en que el Gobierno de España tiene “la mano tendida a la Comisión Europea”, con la que quiere dialogar para limitar “esta medida restrictiva”, recoge Ep.
Parálisis
El presidente de la Alianza Europea de Pesca de Fondo (EBFA, por sus siglas en inglés), Iván López, demostró su satisfacción en declaraciones a ABC y apuntó que, para la realización del recurso, “hubo consultas entre los abogados la OPP7 de Burela (organización de productores pesqueros de Burela) y la Abogacía del Estado” y calificó de “buena noticia” que el Estado español haya dado este paso. Sobre el hecho de que no se han pedido medidas cautelares, López apuntó que esto se puede solicitar más tarde y recuerda que “para el TJUE los daños económicos son enmendables, por lo que se pueden compensar, por este motivo cree que hay que demostrar daños irreversibles, más allá de los económicos”. Algo que se considera para una fase posterior al de la presentación del recurso al reglamento de aplicación. Sobre la marcha del recurso, impulsada por el OPP7 de Burela y 16 barcos de palangre de fondo, recuerda que todavía “tienen un poco más de tiempo que el Estado” (el plazo para el recurso por parte de estados miembros se acaba el próximo miércoles) y apunta que se trabaja en la justificación en la que apoya su calidad de perjudicado directamente por la normativa.
Preguntado por las consecuencias sobre la flota pesquera del veto a la pesca de fondo en 87 caladeros, López consideró que hace falta más tiempo para medir con exactitud el impacto, pero sí ha reconocido “caída de capturas” y que los barcos de palangre “están haciendo cola Durante días para entrar en el caladero y eso no pasaba antes. Esto aumenta los costes y ha hecho caer la facturación del palangre mayor en un 35% por la mayor duración de las mares”.
PPdeG y BNG critican el contragolpe en las actuaciones judiciales
Los partidos políticos con representación en la Cámara gallega estarán muy satisfechos con la presentación del recurso contra el veto a la pesca de fondo. Tanto el PPdeG como el BNG censuraron, sin embargo, que haya tardado má de un mes desde la entrada en vigor para iniciar las acciones judiciales.
El viceportavoz del PPdeG Alberto Pazos Couñago comparó la agilidad con la que, dijo, la Xunta elaboró su documentación jurídica y científica, con el tiempo que ha tardado el Gobierno en presentar el recurso. Pero confió en que los informes gallegos sirvieron para decantar la decisión a favor de levantar el veto.
Desde el BNG, Ana Pontón, afirmó que el Gobierno también urja paralización de la norma, desde la “presión política”, puesto que la resolución del recurso puede llegar demasiado tarde para el sector. «Ya bastante tardó» en presentar el recurso, manifestó el portavoz del Bloque. Pontón grabó que “puede resolverse dentro de dos años”, por lo que “el daño está hecho”.
El portavoz parlamentario socialista, Luis Álvarez, justificó la demora porque “no es un recurso fácil”, sino “técnicamente complicado” y destacó que la presentación de la acción judicial demuestra “el compromiso de la palabra dada”. Lamentó que se “intentase instrumentalizar” y defendió que pese a que “algún responsable gubernamental puso en duda” la presentación del recurso, “ahí” está “una vez más” que es “falso” el “agravio” con Galicia.
