En julio de 2021, la misma semana en que Adriana Cerezo obtuvo la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio, el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) decidió albergar expediente disciplinario a varios directivos de la Real Federación Española de Taekwondo (RFET). Era una noticia repetida muchas veces en los últimos años; tanto, que ni siquiera fue recogido por la prensa. Los últimos cinco secretarios de Estado para el Deporte habían ya pedido al TAD (con poco éxito) investigan las presuntas corruptelas de la entidad que preside Jesús Castellanos desde 2005.
El taekwondo es un deportado del que se habla poco Durante el ciclo olímpico, pero cuenta con casi 50.000 federados en España. Conjuga el éxito deportivo internacional (tres medallas olímpicas en Londres 2012, dos en Río 2016, una en Tokio 2020) con un penoso panorama interno: presumiblemente presentó la federación más enfrentada de España, y desde hace una semana ostenta el récord de petición de penas de la prisión para un presidente en la historia de nuestro deporte.
¿Qué ocurriría, según la Fiscalía Anticorrupción, en la Federación? Básicamente, sus directivos habían creado una estructura para el fraude permanente: de forma conjunta, los acusados ideaban distintas formas de sacar dinero público (para sus bolsillos) en el Consejo Superior de Deportes (CSD). Como resultado de años de trabajo minucioso, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha determinado que cobraron ilegalmente casi 700.000 euros en subvenciones a base de camuflar facturas, arañar subvenciones públicas y asegurar a sus máximos responsables sobresueldos irregulares en B (todo ello está a la espera de juicio).
La Federación, cabe recordar, es una entidad privada de utilidad pública sin ánimo de lucro, que se financia principalmente a través de comedores públicos a través de subvenciones del CSD. Castellanos ya fue retenido varias horas por la UDEF en 2016 para interrogarle por presuntos delitos de blanqueo y malversación; desde entonces, la proclamación de su inocencia y la guerra interna con el sector opositor han marcado la vida federativa. El presidente, de origen alicantino, sólo reconoce “errores administrativos” y acusa al sector opositor, liderado por el valenciano Eugenio Granjo (presidente de un club en Castellón), de actuar por pura enemistad personal.
prisión y multas
El auto de la Fiscalía Anticorrupción de Alicante (al que ha tenido acceso ABC) es, sin embargo, contundente: solicita penas que suman diez años y medio de prisión para Castellanos y otros dos acusados que figuraban en la directiva de la RFET cuando se cometió el presunto fraude: el exgerente Miguel Pérez Otín y José María Pujadas, todavía secretario general de la entidad (cuya sede está en Alicante). Las investigaciones abarcan el periodo 2009-2016. Anticorrupción pide además dos años de prisión de la actual gerente, Alicia Sancho, y un año y nueve meses de Victorino Pizarro, expresidente de la Federación Valenciana. También solicitó que Castellanos y los otros dos directivos indemnizaran al Consejo Superior de Deportes con 664.727 euros.
Castellanos ganó las últimas elecciones a la Federación, celebradas en 2021 con un ambiente guerracivilista y numerosas denuncias de falta de neutralidad. El campeón olímpico Joel González llegó ha denunciado que la federación había dado instrucciones a los taekwondistas para que las solicitudes de voto por correo fueran enviadas a los entrenadores de los Centros de Alto Rendimiento, en lugar de una Junta Electoral (como es preceptivo). El escándalo de la exclusión de Jesús Tortosa júnior de los Juegos de Tokio, pesa un clasificado por méritos deportivos, puso a Castellanos contra las cuerdas. (Su padre, el conocido entrenador Jesús Tortosa, había apoyado al candidato opositor). Pero la vida siguió igual.
Ahora la apertura de juicio oral marca un punto de no retorno: Anticorrupción detectó un fraude continuado y doloso, saltándose procedimientos en un laberinto de facturas presuntamente falsas. “Ha hábito una práctica generalizada”, concluyó la UDEF en un informe de 2021, “de adecuar los documentos justificativos presentados ante el CSD al presupuesto inicial concedido, con independencia de que los gastos incurridos Durante la actuación concreta sean inferiores a los aprobados”.
El tipo de fraude era muy variado: desde casos de viajes facturados dos veces (el primero es el Campeonato del Mundo Júnior de 2010, en Tijuana, México) a viajes facturados a un Open en un país (Croacia) que en realidad eran a otro país (Egipto); duplicidad de documentos justificativos a distintos organismos para cobrar dos veces; páginas justificadas y nunca materializadas que después cobraban al CSD; dietas falsas; psicólogos inexistentes…
Las principales directivas de la Real Federación Española de Taekwondo se lo habían montado (siempre según Anticorrupción) para asegurar un sobresueldo mensual ilegal de unos 600 euros con cargo a los fondos propios: “Una asidua práctica”, reza el informe de la UDEF, “ consistente en la confección de documentos de justificación de indemnizaciones de carácter individual por desplazamiento y manutención cuyas circunstancias no se ajustan a la legalidad”.
presunción de inocencia
Tras conocerse el auto de Anticorrupción (publicado por Onda Cero), la RFET emitió un comunicado ante la “falsedad” de “diferentes informaciones aparecidas en medios de comunicación referentes a su presidente y a otros miembros”. “En primer lugar, señaló de forma contundente que Jesús Castellanos, presidente de la Federación, nunca se ha quedado con dinero procedente de subvenciones”, reza el texto; «y dado que no existe condena, ni siquiera en estos momentos imputación para persona alguna», solicitan «que se respete la presunción de inocencia de una persona que, desde que accedió al cargo en 2005, ha conseguido sanear una deuda cercana al millón de euros y obtuvo un superávit de 122.000 euros, según consta en la información trasladada al Consejero Superior de Deportes”. También recuerdan que “desde la Federación, ante los últimos acontecimientos, han mantenido la máxima colaboración con la UDEF y la administración de justicia”.
El Consejo Superior de Deportes no ha tomado ninguna medida ni manifestado opinión alguna desde la publicación del auto de Anticorrupción. El conflicto se acerca a su final, y quizás el ambiente termine de aclararse definitivamente. Hace un año, cuando se conoció el informe incriminador de la UDEF, un period digital español publicó una sobria información sobre el mismo con una foto en la que aparecía Castellanos con Adriana Cerezo tras colgarse su medalla olímpica al cuello. Esa misma mañana, la agencia que representa a la taekwondista (que tenía entonces 17 años) llamó a dicho periódico para que por favor cambiara esa foto por una imagen en la que no apareció el presidente sospechoso.
