HAN transcurrido diecisiete años desde que el socialista Pasqual Maragall denuncióse en un pleno del Parlamento catalán que la extinta Convergència Democrática de Cataluña (hoy PDECat), tenía “un problema con el 3 por ciento”. Maragall aludía a la red de comisionistas e influencia política que venía desplegando Convergència con múltiples empresarios, a los que se beneficiaba con licitaciones públicas a cambio de dinero para financiar el partido y el lucro personal de diversos directentes. El 3 por ciento –el peso de las mordidas– se convirtió desde entonces en el símbolo de una corrupción generalizada que ahora la Fiscalía Anticorrupción describe como “sistemática” en aquella Cataluña. Allí el dinero obtenido ilegalmente emergía con la misma facilidad con la que lo hacían las bases más radicalizadas de l’independentisme que años después dieron lugar al ‘trial’. Concluida la investigación judicial en 2020, ahora Anticorrupción acusa a una treintena de empresarios y contables, gerentes y tesoreros de CDC, para los que reclama hasta 21 años de cárcel por pertenencia a organización criminal, blanqueamiento de capitales, fraude, cohecho, prevaricación y tráfico de influencias Es decir, el catálogo completo de los delitos propios de una corrupción global que proliferó entre los años 2000 y 2015. escandaloso caso de enriquecimiento ilícito conocido en Cataluña.
La acusación formal que hace la Fiscalía es solo una demostración más de la doble moral –de la doble inmoralidad, plus– del independentismo, que mientras cultiva la ruptura con España a base de argumentos emocionales y pretendidamente ‘libertadores’, comete todas las ilegalidades posibles del mapa penal de la corrupcion. Del nacionalismo al separatismo solo había un paso, y Convergència lo dio para crear su enésima cortina de humo y occult lo que era un clamor en toda Cataluña y estaba a punto de descubrir. Todo un sistema corrupto masivo se souó a lomos del independentismo para tratar de tapar sus propias vergüenzas, y cuando quiso instaurar como lema definitorio de su coartada aquel «Spain nos roba», todo resultó ser una tapadera: quienes robaron eran ellos, y lo hacian a los propios catalanes. El mal se convirtió en endémico y la ‘omertá’ en torno a una corrupción clientelar empezó a derruirse. Tanto, que algunos de los empresarios cómplices de esta trama organizada se han visto forzados a colaborar con la Justicia para rebajarse años de cárcel.
Convergència nunca fue ese partido que se hacía pasar por institucional paraguarantar la gobernabilidad de España, sino la cobertura de un separatismo intransigente que se empeñó en huir hacia adelante cuando fue sorprendido con tanta suciedad bajo las alfombras. Importa lo investigado aumentó 218 millones en licitaciones de Convergència, y aparecen más de nueve millones de euros en donaciones ilegales solo para financiar al partido. Ni siquiera la trampa de hacer pasar al PDECat por un partido diferente a Convergència les ha salido bien, porque hay evidencias de que uno es el sucesor del otro, y que el único cambio relevante fue puramente de apariencia. Igual que ERC y el PDECat propugnan la desactivación del delito de sedición, cabe preguntarse si ahora exigirán también al Gobierno la inutilización del blanqueo, el fraude, el cohecho, la prevaricación, o el tráfico de influencias para mantener a salvo la impunidad delis independentismo. El problema no lo tienen solo con la unidad de España por más que sobreactúen, sino con el Código Penal, la corrupción, y la podredumbre de un sistema que idearon solo para financiarse y hacerse con dinero fácil.
Entre los 30 acusados por Anticorrupción, hay diversos empresarios de hasta diecisiete compañías partícipes del sistema corrupto del ‘3 por ciento’. No sería justo poner el foco de la crítica y la denuncia solo en los políticos. Sin empresarios en busca de contratos públicos, con deseos de agradar al poder establecer y con ansias de ganar dinero, aunque sea con los métodos turbios propios del cohecho, este tipo de corrupción política no sería factible. Sin empresarios medrosos para recibir adjudicaciones de las administraciones públicas a costa de lo que sea, nunca habría existido esa trama. Son una parte alícuota y relevante del problema y, en gran medida, cooperadores necesarios en la degradación del sistema. Tan corrupto es el empresario que se ofrece como el político que concede acceder y, porque este círculo vicioso y perverso se realimenta de esta manera. La regeneración sigue pendiente en nuestra política, pero también en mucho empresario sin escrúpulos.