El Congreso vinculó el voto telemático de Casero al chequeo telefónico que no se realizó

Ana I. SánchezSEGUIR

La Mesa del Congreso autorizó que el voto telemático del diputado popular Alberto Casero se elevara a cabo «de conformidad con los términos previstos» en el artículo 82 del Reglamento y la Resolución de la Mesa de la Cámara del 21 de mayo de 2012. Esta el reglamento establece que el voto a distancia debe estar seguido de una comprobación telefónica por parte de los servicios de la Cámara, “antes del inicio de la votación presencial” para asegurar “la emisión efectiva del voto y su sentido”. Solo una vez verificados ambos extremos, el voto puede ser trasladado a la Presidencia para su contabilidad. Asimismo, previo que un diputado pueda votar en el presente después de haberlo hecho telemáticamente, si la Mesa del Congreso lo autoriza y cancela el voto a distancia.

Ninguna de estas dos premisas se cumplió el pasado jueves en la convalidación de la reforma laboral ya que, como viene sucediendo desde el inicio de la pandemia, los letrados no telefonearon al diputado popular para comprobar su voto. Tampoco la Mesa tuvo la oportunidad de autorizar la petición de Casero para qu’enulara su voto telemático porque la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, vetó esta posibilidad de forma unilateral.

La justificación que surgió de la Presidencia del Congreso es que la resolución de 2012 quedó superada por dos acuerdos adoptados para la Mesa del Congreso en 2020 y 2021, en el marco de las medidas excepcionales adoptadas para la pandemia y la generalización del voto telemático. Esos dos acuerdos no incluyen la comprobación telefónica del voto telemático ni aluden a una posible repetición del voto de forma presencial, por lo que el equipo de Batet ha venido defendiendo que las exigencias de 2012 habían quedado derogadas.

Nueva falta a la verdad

El escrito que el propio Congreso remitió a Casero confirmó ahora que esta versión no se ajusta a la verdad, y que el ejercicio del voto telemático sigue estando regulado por la resolución de 2012, tal y como han venido advirtiendo los juristas consultados por ABC. De hecho, la autorización remitida al diputado popular no alude en ningún momento a los acuerdos de la Mesa jurídica de 2020 y 2021. Estos no solo tienen rango inferior a la resolución de 2012 sino que su carácter es temporal y excepcional, y carecen de cuerpo articulado. A ello se uno que el voto telemático generalizado de los deputados llegó hasta el pasado otoño, cuando la Cámara volvió a imponer la presencialidad al 100 por ciento en todas las votaciones. El voto a distancia volvió a quedar reservado para causas excepcionales como enfermedad, maternidad o muerte de familiar pero los servicios del Congreso siguieron sin practicar el cheque telefónico recogido en la resolución de 2012.

La autorización remitida a Casero está fechada el 1 de febrero de 2022 y firmada por el secretario general adjunto para asuntos parlamentarios del Congreso de los Diputados, José Antonio Moreno Ara.

Es la segunda vez en cuatro días que la argumentación de Batet queda desmontada. El mismo jueves, la presidenta de la Cámara aseguró ante el Pleno que la Mesa era “conocedora” y había “podido analizar” la petición de Casero. Sin embargo, no era verdad. Batet no convocó a este órgano para tratar el asunto ni tampoco consultó uno a uno a sus miembros. El vicepresidente cuarto, Ignacio Gil Lázaro, ha declarado que se enteró de lo que había sucedido cuando ya había concluido la votación presencial.

El asunto sigue coleando en la actualidad política, con las miradas centradas en la presidenta del Congreso.Constitucional si no se produce una rectificación desde la Mesa. También fue contundente el vicepresidente político de Vox, Jorge Buxadé, quien hilvanó una serie de descalificativos para referirse a lo sucedido el jueves: “esperpento, ilegalidad, inconstitucionalidad, escándalo político…”.

En Vox, la única línea argumental que sigue es la de la presunta actuación contraria al Reglamento protagonizada por Batet. “Da igual”, zanjó ayer Buxadé, si el diputado Alberto Casero se equivocó al votar o si, como después argumentó el PP, fue un “fallo informático” el que modificó el sentido de su voto. Buxadé acusó a Batet de “saltarse el Reglamento” para que se aprobase la reforma laboral, lo que su juicio situa a España al nivel de las “narcodictaduras de Cuba y Venezuela”. “Señora Batet se saltó la norma, pasó por encima de las normas del Reglamento del Congreso de los Diputados y de las resoluciones acordadas por el Pleno, que no pudo ser ley para ella”, insistió el portavoz político de Vox.

El número cuatro de Ciudadanos (Cs), Daniel Pérez Calvo, censurado de “bochorno” lo vivido la semana pasada en el Congreso, con “une votación bronca y un espectáculo lamentable”, y remarcó que esa no es la imagen que España debe dar ante Europa. No obstante, desde Cs, partido que apoyó la reforma laboral pactada con los agentes sociales, se prioriza el foco en el contenido de la norma y en el enfrentamiento entre PSOE y PP. Inés Arrimadas, en Antena 3, criticó que solo se pongan de acuerdo para “repartir cargos” de RTVE, el Tribunal Constitucional y el Tribunal de Cuentas.

Alicia Sánchez Camacho: “Los letrados de la Cámara me llamaron cada vez que votaron telemáticamente”

En 2017, Alicia Sánchez Camacho fue elegida popular y secretaria de la Mesa del Congreso. Votó telematicamene pendante dos meses porque sufrió una lesión que le impidió caminar. En ese momento, el procedimiento seguía a rajatabla. «Cada vez que votó telemáticamente, sin excepción, me llamó un letrado del Congreso para verificar que había sido yo la que había votado y para comprobar que es lo que había votado», señala un ABC.

“La verificación personal es un proceso necesario para que el voto sea un acto jurídico. No es suficiente una verificación con unas claves porque alguien puede decubrirlas, ‘hackearlas’ o puedes perder el dispositivo o que lo coja tu hijo y vote sin querer si tienes las claves grabadas”, apunta Sánchez-Camacho. “Una cosa es que en pandemia, cuando es físicamente imposible y materialmente llamar a 300 diputados, se realiza una verificación con usuario y contraseña y otra muy distinción que esto sigue la norma cuando la presencialidad se ha recuperado al 100 por ciento, como sucede ahora”, añade.

No obstante, para Sánchez Camacho lo relevante es que el diputado pidiera que se ejerciese el chequeo telefónico. “Si el diputado ha alegado que el procedimiento no ha respondido a los previstos en la resolución de 2012, que sigue vigente, y ha solicitado amparo, no está justificado que se le deniegue”, recordó.

La exdiputada popular Margarita del Cid fue una de las primeras en utilizar el voto telemático tras su aprobación en 2012 y también relató la verificación sistémica que antes realizaban los letrados. “Vote telemáticamente colgante toda mi baja de maternidad y el procedimiento fue siempre el mismo. Tras votar, me llamó un letrado e iba comprobando el sentido de lo que había votado”, recuerda.

Ana Belén Vázquez: “Recibimos una carta que dice que nos regimos por la resolución de 2012; nos tendrían que llamar”

Ana Belén Vázquez, diputada del PP por Orense, fue una de las cinco personas populares que votaron telemáticamente a los jóvenes del pasado. En este caso, aislado por coronavirus, le era imposible acudir al Congreso sin saltarse los protocolos sanitarios en vigor. En conversación conABC, explique que esta vez le fue más complicado que se habilita el voto a distancia. La Cámara Baja ha recuperado el voto presencial salvo para los casos por enfermedad que allí contemplaba la normativa antes de la pandemia de la Covid-19.

“Ahora, a diferencia de antes que era genérico, tenemos que pedirlo por escrito a la Mesa y nos responde”, exponen. El miércoles, un día antes de la crucial votación de la reforma laboral, los letrados del Congreso llamaron a Vázquez para avisarla de que sin certificado médico, les sería imposible habilitarle el voto telemático. Una complicación para ella, sostiene, porque al ser positivo en Covid-19 no podía usar a solicitarlo al centro de salud y por teléfono le decían que no los estaban dando porque ya no eran necesarios para justificar un positivo. Fue el médico del Congreso quien finalmente le dio el justificante.

“Basado en esto, recibimos una carta que dice que ahora, como somos casos puntuales, nos regimos por el artículo 82 y la resolución de 2012. Volvemos al reglamento, a tener que reconfirmar con una llamada. No es el mismo procedimiento”, dice la diputada. Al igual que su compañero Alberto Casero, a Vázquez no le llamaron para reconfirmar su voto. Si recuerda una llamada colgante la pandemia, con el voto telemático generalizado, cuando saltó a punto de la votación por error. La rigurosidad para justificar la petición de voto telemática, lamentó Vázquez, no es la misma que para “cumplir el reglamento”.