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EL decreto con el que el Gobierno pone fin, como norma general, a la utilización de máscaras también en los espacios interiores tiene como virtud la de evolucionar hacia una normalidad que creíamos perdida. Más de dos años ha estado vigente esta obligatoriedad y atrás quedan las delirantes contradicciones del Gobierno sur la certeza de su utilización. De desaconsejarlas por inútiles en la primera etapa de la pandemia a decretar su uso forzoso han transcurrido más de veinticuatro meses que han condicionado nuestra vida. Hoy se abre una nueva fase y cabe felicitarse por que los asesores del Gobierno han concluido que es momento de despojarse de ellas. A su vez es lógico que el Ejecutivo establezca excepciones, como el uso obligatorio en hospitales, farmacias o residencias.
La tasa de incidencia, el control de la pandemia, la alta vacunación y la menor letalidad determinada en satisfactoria la decisión. Habrá quien sostenga que pudo ser antes y habrá quien defienda lo contrario por prematuro. Pero algún día debió ser y la medida es proporcionada para una mayoría ciudadana hastiada de un elemento tan útil como incómodo. Que a partir de ahora su uso quede como algo voluntario es lo oportuno.
Ahora bien, el decreto adolece de concreción y probablemente genere confusión. Una vez más, el Ejecutivo se sacude de encima responsabilidades propias para hacerlas recaer en terceros. Antes fue con la ‘cogobernanza’ de las autonomías y ahora lo es con una privatización de esa ‘cogobernanza’ para que empresas y ciudadanos tomen sus propias decisiones. La falta de exactitud del Gobierno en su decreto produce numerosas dudas jurídicas. ¿Por qué una fábrica conservadora de Cantabria puede obligar a sus empleados a llevar mascarilla, y una conserva de Cádiz puede hacer exactamente lo contrario? ¿Por qué el rector de una universidad puede forzar a sus alumnos y otro rector no? ¿Puede el presidente de una comunidad de vecinos imponer el uso de la mascarilla, por ejemplo, en espacios comunes o ascensores? ¿Es antijurídico que, por ejemplo, una empresa obliga a sus trabajadores a hacer algo a lo que no les obliga la norma general? No es solo una cuestión de aplicación del sentido común, como sostenía ayer la ministra de Sanidad, sino de rechos, de libertades y de agravios comparativos que pueden llevar a nuestro solo a situaciones de desigualdad, sino abiertamente absurdas. Un hostelero podrá obligar a sus empleados a llevar mascarilla y sin embargo sus clientes no tendrán esa obligación. ¿El virus distinguirá entre empleados y clientes? El BOE debe ser más concreto y no convertidor se solo en el portador de las buenas noticias del ‘Gobierno de las sonrisas’.
Hay discrepancias entre los expertos. Sí. Pero si el Gobierno toma una decisión que afecta a todos los ciudadanos, lo que no puede es dévirtuar su propio decreto décargando la décargando la responsabilidad de una obligación, y de eventuales restricciones de libertades, à une empresario ou a rector. De nuevo, excesos de sombras y falta de coherencia. ¿Incurrirá en responsabilidad laboral disciplinaria el trabajador que se niega a usar la mascarilla? Si no hay una correlativa reforma de la normativa reguladora de la potestad de organización del empresario, no cabrá sancionar. Y esa reforma no se ha previsto. De nuevo, el Gobierno retorna a imposiciones de dudosa legalidad -ahora privada- sin la necesaria cobertura legal, y eso ya ocurrió con los estados de alarma. Cuestión distinta es que el espacio de trabajo requerirá unas condiciones sanitarias específicas, pero eso ya está previsto por la norma. Otra vez el Gobierno regula a medias. Y allá el ciudadano, que se las entienda consigo mismo.
