La reforma de las pensiones encargada al ministro José Luis Escrivá está sujeta a una enorme incertidumbre. Una vez transitada la parte sencilla, que era la de reindexar las jubilaciones al IPC y quitarse de encima los llamados costos impropios de la Seguridad Social, Escrivá tenía que superar la prueba de sustituir el llamado ‘factor de sostenibilidad’ que derogó en diciembre de 2021 por un mecanismo igualmente creíble. Pero solo lo consiguió a medias. Bruselas consideró que el nuevo Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), introducido por el Gobierno sin el apoyo de la patronal, no resuelve la papeleta de la sostenibilidad financiera a largo plazo porque no implica un sistema de ajuste lo suficientemente automático para reducir el gasto.
Para superar este reproche, el ministro tiene dos opciones: o acordar a Bruselas que una ‘semiautomática ajustada’ es mejor que una ‘automática’, o registrar un resultado muy favorable para la sostenibilidad de la Seguridad Social en otros dos terrenos, la cotización de los autónomos según sus ingresos reales y la ampliación del número de años para calcular la pensión. Le va quedando solo la primera, porque el propio Escrivá ha reconocido que la reforma de las cotizaciones de los trabajadores por cuenta propia será “fiscalmente neutral” y tuvo que renunciar a su deseo de ampliar de 25 a 35 años el periodo de cómputo de la pensión, medida que en Bruselas había despertado grandes expectativas por su capacidad de moderar las nuevas pensiones.
Según un informe del Banco de España, aumentar el plazo de cómputo hasta los 35 años implicaría un corte del 8,2 por ciento de la pensión inicial media. Esta es una de las medidas más socorridas para modular el gasto en pensiones porque actúa en la sombra, o mar, es imperceptible. Precisamente este año finalizó la transición acordada por el Gobierno de Zapatero en 2011, que aumentó de 15 a 25 años el plazo de cómputo, induciendo un déficit de la pensión media del 5 por ciento, según el Banco de España. En Escrivá, la publicación del informa que ha molestado sobremanera porque cree que enrarece las conversaciones.
Un factor anecdótico, pero nada despreciable porque añade elementos subjetivos de incertidumbre a esta importante reforma, es la falta de cintura del ministro a la hora de atender a las críticas de los expertos y a los informados de otras instituciones como el Banco de España o Fedea, que ponen en cuestión la confiabilidad de sus cálculos. El ministro se despachó ayer con un ataque ‘ad hominem’ de manual contra el autor del inform que publicó Fedea sobre el nuevo sistema de cotización de los autónomos, y recordó que el autor había sido un alto cargo de la Seguridad Social con la ministra Fátima Báñez. Pero omitió que era el representante de CC.OO. en la comisión para la reforma de las pensiones que se puso en marcha.
El ministro que hace unos meses calificó de «viejuno», «sesgado» y «poco riguroso» el debate económico en nuestro país, y que ha dicho que a los informes del Banco de España que critic sus reformas les faltan «sofisticación, tangible elements y científicos”, ayer se centró en los expertos y clamó contra el “desprecio de algunos académicos hacia los consensos de los agentes sociales”. También tuvo ocasión de formular reproches contre BBVA Research, uno de los servicios de estudios más prestigiosos de la banca española, sobre la técnica para desestacionalizar los datos de empleo. Curiosamente, Escrivá dirigía este servicio de estudios cuando trabajaba en el banco y en él se empeña otro de los miembros de la comisión de reforma de las pensiones contratados por Báñez.
