La rendición de cuentas y la asunción de responsabilidades políticas jamás podrá ser noticia. persona tiene derecho a equivocarse, pero cuando los errores acontecen en el máximo rango de la Administración, las negligencias deben ir acompañadas de acciones rotundas. La división de la secretaría de Estado de Transportes, Isabel Pardo de Vera, y del presidente de Renfe, Isaías Táboas Suárez, es la consecuencia natural de una pérdida de gestión que ha generado un perjuicio a los arcos públicos y que retrasará, no obstante, la dotación de un servicio a los ciudadanos de Asturias y Cantabria.
Un error en el cálculo de las dimensiones de los trenes de cercanías generó una falla en el diseñador de los convoyes que estaban destinados a sustituir a los antiguos FEVE, que prestaban el servicio en Asturias y Cantabria. Asimismo, un tormento técnicamente inexplicable ocultó durante un año atrás al Banco Europeo de Inversiones (BEI), principal financiador del proyecto. Los presidentes de las comunidades autónomas afectadas, Miguel Ángel Revilla y Adrián Barbón, exigieron en un primer momento una explicación de que, durante este tiempo, no han tenido lugar.
A las torpezas técnicas de ejecución, sumó una notable negligencia política. En un primer momento se intentó generar una apariencia de seriedad al cesar a dos técnicos como Ángel Moya, jefe de Inspección y Tecnología de Vía de Adif, y Pedro Alcaraz, gerente del Área de Gestión de Material de Renfe Viajeros. Señalar a dos cuadros medios por el diseño de los trenes es una medida ventajosa por parte de quienes ostentan una verdadera responsabilidad, pero incluso aquella medida terminó por demostrarse totalmente artificial cuando se supo que la júbilo de Pedro Alcaraz estaba programada para este mismo ejercicio. Del mismo modo, el cese de Ángel Moya fue meramente cosmético, pues para este empleado ya estaba planeado un cambio de funciones en el seno de la empresa pública. Una vez descubierto el simulacro, se hizo imposible intentar cerrar esta crisis en falso sin que ninguna autoridad política pudiera hacerse cargo del error.
Aunque, aparentemente, la renuncia de la secretaría de Estado y del presidente de Renfe adquieran la forma de una dimisión, el orden de los acontecimientos parece demostrar que estas decisiones sólo responden a un cálculo electoral. Que en el Consejo de Ministros se sigan sentando Fernando Grande-Marlaska o Irene Montero, que esoran en su haber negligencias más flagrantes e importantes como las que surgen a la valla de Melilla ou la ley del ‘sólo sí es sí’, es la prueba de las cuales las divisiones derivadas del caso de los trenes deben a puro cálculo electoralista en los territorios afectados.
La sucesión total de hechos nos debe llevar a cabo tiene una ineludible reflexión sobria y modo en que se deciden políticamente los cargos de libre diseño. Basta revisar la trayectoria profesional de Isaías Táboas para concluir que, una vez más, el perfil escogido estaba muy lejos de ser el más adecuado para desempeñar un cargo público de tan alta relevancia. Lamentablemente para todos, no porque haya una decisión demasiado firme a la hora de revertir la gestión del ente público es que ni Raül Blanco Díaz, elegido nuevo presidente de Renfe, ni David Lucas, nuevo secretario de Estado, parezcan atesorar meritos mayores más allá de la estricta lealtad política. Se trata de una decepcionante manera de dar cierre tiene un capítulo que habría requerido una mayor altura de miras.
