“Corregidor ha suscrito sólo documentos debidamente asesorado por el secretario”

¿Cometió Jaime David Corregidor Muñoz como alcalde de Navalcán falsedad ideológica, que se puede aplicar a funcionarios y cargos públicos? De este delito la Fiscalía lo acusa por firmar un escrito en el qu’accredita que se invirtió una concesión total de 33.333 euros en unas obras concretas, cuando no resultó ser así. A tribunal lo juzga en la Audiencia Provincial de Toledo, donde el Ministerio Público pide 4 años de cárcel y otros tantos de inhabilitación para cargo público, mientras que la defensa reclama la libre absolución. Son unos hechos desencadenados en 2009 en un pueblo de unos 2.000 habitantes, pero que no fueron denunciados hasta 2015, a las puertas de unos comicios municipales.

Para el fiscal, Ángel de la Cruz, el regidor no dice la verdad en el documento oficial en el que asegura que los trabajos concretos para los que el Ayuntamiento solicitó ayudas a la Diputación de Toledo se ejecutaron en una finca municipal. «La inversión para la que ha sido concedida la subvención se ha realizado en su integridad (…), habiendo sido destinadas todas las aportaciones económicas a la inversión objeto de la subvención», se lee en el escrito rubricado por Corregidor.

Sin embargo, y a preguntas del Ministerio Público, el acusado le reconoció este martes que no ivaron a cabo esos trabajos en la Dehesa de Calabazas, de unas 850 ha. No obstante, el edil aclaró que el dinero sí destinó a mayores en esos terrenos municipales, según lo acredita con cinco facturas para las que el Consistorio no ningún proyecto ni memoria a la Diputación, gobernada entonces por el Partido Socialista. “El secretario e interventor dio por buenas las facturas para las mejoras”, aseguró el alcalde y actual diputado provincial del PSOE.

Ante el tribunal, el funcionario aludido, Vicente Jiménez Cardona, declaró haber comunicado a la Diputación el cambio de destino de las tres ayudas concedidas para unos trabajos concretos que no se materializaron. “Lo hice de palabra, no por escrito”, y agregó que no se acordaba a quién se lo dijo. “Las palabras se las lleva elviento”, afeó entonces el fiscal al secretario e interventor.

Es fácil pedir una plantación de olivos, pero el proyecto se paralelizará sin tropezar con agua con las perforaciones que se realizarán en más de unos metros de profundidad. Por tanto, no se ejecutó ni el sistema de goteo, ni la instalación eléctrica ni el cerramiento, auque el Ayuntamiento sí recibió de la institución provincial tres subvenciones por una importación total de 33.333 euros para esas obras.

Corregidor es alcalde de Navalcán desde 2001, excepto por el período de cuatro años entre 2011 y 2015, cuando gobernó Manuel Arroyo, del PP. Francisca Cobos Gil, la abogada del encartado, está convencida de la inocencia de su defendido. “Es un procedimiento que atasca tenía que haber llegado hasta aquí”, confirmó a los periodistas después de finalizar la primera sesión. Para la letrada, este caso tiene el origen en una “confrontación política y una instrumentalización de un proceso”. Se refiere a la denuncia presentada por el PP en 2015, cuando gobernaba el Ayuntamiento con un partido independiente y pocos meses de las elecciones municipales que luego ganó el acusado.

“Jaime Corregidor ha suscrito sólo documentos desde el punto de vista formal debidamente asesorado por el secretario”, aseguró la letrada. Y lanzó un mensaje al fiscal: “A ver cómo demuestra la existencia del dolo de falsedad de algo que tampoco es falso, como se acreditará cuando transcurra la totalidad” del juicio.

Cobos trabajará para demostrar, en la segunda y última sesión, que las subvenciones se concedieron para una «mano de obra genérica» ​​para mejoras y que la Diputación «no se sintió perjudicada». Además, cree que conseguirá acreditar “algo elemental”: “En el ámbito de la Administración, se trate de una subvención o de cualquier otro contrato, rige el decreto de concesión, no la solicitud”.

Según su abogada, “el alcalde no ha firmado” el documento origen de este juicio “bajo ningún punto de vista, y yo lo acreditaré mañana [por este miércoles]» ante el tribunal, presidido por María Jiménez. “El fiscal sólo se apoya en una solicitud, y lo que rige el derecho administrativo es la concesión”, insistió la letrada, que anunció que impugnará al fiscal “todos los elementos que configuran el tipo penal por el que acusa”. “Su teoría es totalmente errónea, como su acusación y petición penológica, que es desproporcionada”, reprochó Cobos al Ministerio Público.