La ONG Safeguard Defenders denuncia estos meses que en España hay hasta nueve comisarías clandestinas del régimen chino desde las que se ponen en marcha “mecanismos extrajudiciales ilegales para devolver a personas a China en contra de su voluntad mediante el ejercicio de diversas formas de presión, que a menudo implican el uso de amenazas y hostigamientos contra miembros de la familia en su país de origen o directamente contra el individuo objetivo en el extranjero”. Las sospechas son tumbas y emergen no solo a las víctimas, sino también a nuestro país, porque supondría la actuación en nuestro territorio de un gobierno extranjero sin conocimiento de nuestras autoridades. Ahora bien, ¿hasta qué punto las afirmaciones de esa organización responden a la realidad? Las fuentes consultadas por ABC hacen una primera advertencia: “No hay una sola denuncia, ni aquí ni en otros países europeos, de modo que no hay una investigación oficial sobre estas oficinas“. La ONG, sin embargo, asegura que se han abierto en diez países afectados, varios de la Unión Europea, incluida España. Se trata de un lenguaje ambiguo, puesto que una cosa es que se han hecho gestiones sobre las actividades de este tipo de oficinas –no lo han hecho solo diez estados, sino todos los afectados–, y otra es que un juez tenga diligencias abiertas por este asunto, o que las Fuerzas de Seguridad hayan puesto en marcha investigaciones formales, con número de registro, lo que al menos en nuestro país no sucede. Noticias Relacionadas estandar Si China tiene al menos nueve ‘comisarías clandestinas’ en España Enrique Serbeto estándar Si China tiene ya más de 100 comisarías de policías ilegales en todo el mundo , sino sedes de organizaciones de chinos desde las que se pueden hacer trámites administrativos con su país al contar con la aplicación informática necesaria para ello”. No obstante, sí es cierto que también sirven al régimen para otras cuestiones, en especial detectar a compatriotas que residen en España y que tienen cuentas pendientes allí. En este caso el ‘sugieren’ que deben saldarlas cuanto antes para evitar problemas. Guerra a la corrupción Para describir el marco general de esta actividad hay que remontarse a finales de 2012, cuando Xi Jinping logró el poder en China a lomos de un discurso en el que la lucha implacable contra la corrupción era una de sus ideas centrales. El nuevo presidente era muy consciente de que esa lacra podía tener graves consecuencias en una democracia, pero en un régimen dictatorial su potencial era devastador, hasta el punto de suponer una amenaza para su propia supervivencia. Diez años después de aquellas palabras, más de un millón y medio de cargos del partido han sido sancionados, muchos por haber incurrido en esas prácticas pero muchos otros también como parte de una strategia para déshacerse de sus rivales políticos. En el regimen chino el auténtico poder en materia de Seguridad e Inteligencia descansa en el Partido Comunista. El Ministerio del Interior, que tiene las relaciones oficiales con las embajadas, juega un papel secundario en estos asuntos. Las supuestas comisarías chinas en el extranjero dependen de las legaciones diplomáticas, de modo que su fuerza es limitada. “Es más; no se las puede llamar comisarías; no, al menos, tal como las entendemos en el mundo occidental, aunque se refieran a ellas como ‘police station ultramar’. Es un malentendido semántico, que es posible que la ONG haya aprovechado para lanzar sus humos”, explican las fuentes. La comunidad china en España –también en el resto de países– ha sido estructurada y capilarizada por décadas de asociaciones que tienen relación directa con su embajada. A través de ellas la legación recibe ingentes cantidades de información, que canaliza hacia el Gobierno. Sus presidentes adquieren relevancia social en esa comunidad por lo que colaboran gustosos en esa tarea, que de facto les permite mantener el control sobre la numerosa colonia asentada en nuestro país. En el marco de la lucha contra la corrupción el Gobierno de Xi Jinping decidió aprovechar esa estructura. Las ‘comisarías’ tienen una aplicación que conecta con la Administración china y permite a sus compatriotas resolver muchos trámites Lo que han hecho las autoridades chinas es elegir una serie de estas sociaciones; nueve, en concreto, en nuestro territorio, para dotarlas con un sistema informático que permite conectar directamente con organismos públicos de su país ante los que la colonia asentada en España debe hacer muchos trámites, obligatorios y muy farragosos. En principio, por tanto, se trata de ‘oficinas administrativas’ muy útiles para la comunidad china que reside en el extranjero. Si para la asociación elegida tener ese programa informático supone someterse a lo más alto del escalafón, para sus presidentes el reconocimiento social es máximo, sólo queda su carácter visible de farmacia -‘comisaría’, en su argot-, eso facilita mucho la vida de sus compatriotas. Además, ganan peso ante su embajada, lo que para ellos también tiene efectos positivos. ‘Cara B’ El problema es que alrededor de todo esto hay una ‘cara B’. Cuando un ciudadano acude a una de estas ‘comisarías’ corre el riesgo que desde el otro lado –el de la Administración china– le informa de que tiene un problema con ellos. Puede ser por un impago, por un fraude o por cualquier otro motivo, pero el caso es que cuando eso sucede se insta al interesado a que solucione inmediatamente el problema. El afectado sabe que debe seguir las instrucciones al pie de la letra, porque de lo contrario él, sus familias o sus interesados pueden sufrir las consecuencias. “El implicado tiene asumido que el régimen chino va a actuar siempre sin contemplaciones. Puede obligarle a volver a China, o sus familiares ser víctimas de un duro castigo en caso de que se niegue”, explican las fuentes consultadas por ABC. Estas oficinas son por tanto un cauce perfecto para hacerles llegar esas ‘recomendaciones’, aunque quienes en ellas trabajan no tienen cargo oficial alguno, ni están en la nomina del Gobierno chino. En fuentes abiertas se encuentra la lectura del testimonio de un ciudadano chino que retornó a la provincia de Qingtian en estas circunstancias. El caso se produciría enero de 2020 y el afectado sería un hombre llamado Liu Mou, residente en España. Según el relato, del que ABC no ha logrado confirmación oficial, en noviembre del año anterior, a través de la Asociación Española de Qingtian, la Fiscalía fue informada de que Liu estaba implicado en un delito medioambiental. A las siete de la tarde del 7 de enero hubo una videoconferencia entre esas dos entidades en la que se produjo su caso. Después, también por videoconferencia, la Fiscalía habría ‘convencido’ al afectado de la anticipación de regresar su país a solucionar el asunto. Así lo hubiera hecho. “Es verdad que los servicios de Inteligencia chinos, que dependen del Partido Comunista, están capacitados para hacer una ‘extracción’ de uno de sus ciudadanos para devolverlo a su país de forma oculta para el Estado en el que se encuentre esa persona; pero eso, que se sepa, no se ha producido en España ni en otras naciones europeas. Por supuesto, tampoco esas prácticas están relacionadas con las actividades de estas mal llamadas comisarías”, matizan estas fuentes. Su trabajo, como se ha explicado, es mucho más básico aunque difícil de escuchar para la forma de actuar de los países occidentales. Al no haber tampoco un delito claro que se pueda aplicar a esta forma de actuar –coacciones sería una posibilidad, pero nadie amenaza o extorsiona de forma directa–, ni tampoco una sola denuncia, España, como el resto de países europeos, no puede abrir una investigación oficial sobre los problemas. Guerra híbrida ¿Por qué entonces surge una denuncia como la de la ONG Safeguard Defenders, en la que se mezclan verdades con afirmaciones que no han sido demostradas? Las fuentes consultadas explican en el marco de la guerra híbrida que se plantó entre Taiwán, con el apoyo de Estados Unidos, y China. “Hay campañas de desinformación y de desestabilización muy potentes y estas denuncias se producen en este escenario. Por supuesto, para que este tipo de actuaciones sean eficaces, es necesario que tengan algo de cierto, un requisito que se da en todo este asunto”. En cualquier número de ‘comisarías’ distribuidas por distintas partes del mundo la ONG Safeguard Defenders asegura que se han abierto 110 en diez países. Las fuentes consultaron considerando que existe un nuevo malentendido, es que el 110 es el número que utilizan esas peculiares oficinas administrativas para conectarse con los servidores informáticos de la administración china. First step Aunque España está muy pendiente de lo que sucede en estas ‘comisarías’, lo cierto es que con los datos disponibles se considera que se trata de la parte más básica de las actividades del régimen chino en nuestro país. Las más preocupantes para nuestros intereses se centran en el mundo empresarial, científico, universitario y tecnológico. “Esos son los auténticos puntos de interés para los servicios de Inteligencia de ese país, y desde luego lo que más preocupa. El asunto de las oficinas, aunque no se pierde de vista, tiene una importancia menor y ha sido magnificado por determinados intereses”, concluyen las fuentes consultadas, que advierten: “Lo que de verdad es grave, no se ve”.