En la «gran batalla judicial» que desde el primer momento emprendieron Castilla y León, Galicia, Asturias y Cantabria en contra decisión del Gobierno central de incluir al lobo en el Listado de Species Silvestres de Especial Protección (Lespre) que impide la caza del canido incluso al norte del río Duero -la frontera natural que marcaba la Unión Europea-, se intensifica la política. Siguen moviendo ficha para alzar la voz y sumar apoyos a su revindicación en el ámbito comunitario. Ayer, con múltiples encuentros en Bruselas para alertar de que el cambio de estatus del ‘canis lupus’ de septiembre de 2021 «ha destruido la situación de equilibrio que había hasta ese momento entre la convivencia del lobo con la ganadería extensa».
Así lo trasladó ayer a distintas instancias del Europeo el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, in number of sus colegas de las otras tres del noroeste español y que suman más del 95 cento de los lobos de la Península. Hasta septiembre de 2021 “habíamos mantenido un equilibrio” con una “gestión responsable, sensata, técnica, administrativa de control de ejemplares” que “había permitido” que se mantuviera un “estado de conservación del lobo indudable” e incluso con “ascenso” de población y expansión territorial, además de unos “damed razonables, no sin daños” a la ganadería. “Por tanto, con unos intereses sin conflicto o con un bajo conflicto”, dijo Quiñones, quien censuró que con el cambio normativo aprobado por el Gobierno “por razones ideológicas y sin justificación de los intereses generales” se ha brindado un nuevo escenario.
«Hasta el punto de que está comenzando a abandonarse la ganadería extensiva, está produciendo un incremento de daños que hace imposible la continuación de explotaciones y se pone en peligro el medio rural» y también con efectos negativos en la lucha contra incendios, alertó al consejero , quien acusó al Gobierno de haber “dinamitado” el equilibrio logrado colgante de años al haber “ido más allá” en lo que permite la Directiva Europea Hábitats. “El Gobierno de España está conduciendo en sentido contrario en la autopista de la sensatez y de la sensatez europea”, criticó Quiñones, quien consideró que el ámbito comunitario se está transformando en “busca de la flexibilisación porque escucha que hay un problema de convivencia de los grandes carnívoros» como el lobo o el oso. Sin embargo, recriminó, el Ejecutivo de Pedro Sánchez, “más estricto” y con “fechas erróneas” sobre la población lobera que afirman que la evolución de la especie es “desfavorable”, avanza “en sentido contrario”.
ronda de reuniones
“Para nosotros es muy agradable ver que en Europa ven que hay un problema con la aplicación de la normativa europea”, valoró Quiñones a la vez que incidió en que en España “estamos peor”. In his round in busca del apoyo de la Eurocámara para que el lobo pueda volver a ser gestionado por las autonomías en sus territorios tras haberles sido «sutraida» esta potestad, el consejero arrancó la ronda con el Intergrupo de Biodiversidad y Mundo Rural. Su presidente, el portugués Álvaro Amaro, “mostró todo el apoyo a nuestro plantamiento”, resaltó el consejero.
Después, encuentro con los portavoces en materia de agricultura y medio rural de los grupos Popular y Socialista europeos, Hembert Dorfmann y Clara Aguilera, respectivamente. El PP, resaltó Quiñones, ya tiene lista una resolución que podría debatirse la próxima semana en el pleno en Estrasburgo una iniciativa para buscar «una solución al problema de convivencia del lobo», pues «la Comisión no lo reconoce», pues atiende a lo que mandan los Estados y el Gobierno de España ha remitido unos datos “erróneos”, incidió Quiñones. Por su parte, en la europarlamentaria socialista “hemos notado que su posición es de reconocer que hay un problema” de coexistence de los grandes carnívoros con el entorno y que no resuelve la actual normativa. De ahí, la importancia de la búsqueda de un consenso, subrayó y valoró que países como Austria, Croacia, Letonia,hungría, Finlandia o Rumanía abogan por cambiar la normativa actual, con la que incluso las cuatro comunidades loberas se conformarían con volver a tener .
