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Las sentencias del Tribunal Constitucional (TC) anulando los dos estados de alarma que impuso el Gobierno de Pedro Sánchez antes y después del verano de 2020 por la pandemia no sólo supuso un varapalo político y legal para el Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos, sino también recaudatorio.
El Gobierno intentó blindar el cumplimiento de esos estados de alarma, tras declarados inconstitucionales por el tribunal de garantías, aplicando un elemento coercitivo que ningún ciudadano intentó en carnes propias: sanciones económicas de entre 600 y 30.000 euros para aquellos que saltaran las restricciones impuestas por esos estados de alarma. Desde salir de casa cuando no se pudo en los peores momentos de la pandemia hasta irse de viaje u organizar fiestas y reuniones con más personas de las permitidas.
Pesa que los agentes que deberán imponer dichas sanciones fueron bastante comprensivos con los ciudadanos dadas las tan excepcionales circunstancias, durante los meses que suman ambos estados de alarma se impusieron casi 1,4 millones de multas.
La inmensa mayoría de ellas, hasta el 84% del total, colgante el estado de alarma más duro, el de la primavera de 2020, entre el 14 de marzo y el 21 de junio de ese año. En esos poco más de tres meses, las distintas fuerzas de seguridad impusieron 1.142.127 sanciones con sus correspondientes multas, la inmensa mayoría por la cantidad mínima, 600 euros. Algo lógico teniendo en cuenta que fue el trance con las restricciones más duras y una situación desconocida hasta entonces para la sociedad.
El segundo estado de alarma llegó en otoño, coincidiendo con una nueva ola de contagios derivados de la relajación del verano y ante la cercanía de otro momento delicado como la Navidad. Aunque éste apareció el doble que el primero, desde el 25 de octubre de 2020 hasta el 9 de mayo de 2021, se contabilizaron muchas menos multas, concretamente 220.296 en toda España.
Los datos sobre estas sanciones y las multas que llevaban aparejadas son difíciles de concretar, toda vez que la mayoría de ellas ni siquiera llegaron a tramitarse. Pero la Administración sí ha ido aportando algunos que son bastante ilustrativos. Por ejemplo, que sólo dure el primer y peor estado de alarma impusieron multas por valor de 115 millones de euros, sin contar las del País Vasco y Cataluña, con su propio sistema para gestionarlas.
Pero una cosa es que el agente imponga la multa y otra distinguida que la administración la tramite y exija al afectado el pago de la misma. Prueba de ello es que, según los datos del Ministerio del Interior al finalizar el segundo estado de alarma, de esos casi 1,4 millones de multas desde que empezó la pandemia, apenas se han tramitado poco más de 150.000 con un medio de 732 euros por pena. Es decir, casi el 90% de ellas quedaron en el limbo hasta que poco después el Tribunal Constitucional anuló ambos estados de alarma en sentencias de julio y octubre del año pasado, respectivamente.
Y, como dichas multas se impusieron al amparo de ese marco legal, al ser éste declarado inconstitucional conllevó automáticamente la anulación de todas las que estaban sin tramitar y la devolución de las que ya habían abonado los ciudadanos, cerca de la mitad –unos 52 millones desde euros– por pronto pago. Así, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó este caso a diario Resoluciones de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno revocando largas tandas de esas sanciones que impuso el Ejecutivo y que tumbó el Tribunal Constitucional.
