El presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, Mario Amilivia, probablemente ayer adelantará del 30 de noviembre al 1 de agosto la fecha de rendición de la cuenta general por parte de la Junta y sus entidades sujetas a fiscalización, mediante una reforma de la Ley de Hacienda de la Comunidad. Además, plantó simplificar estas auditorías para poderlas aprobar en los seis meses siguientes, aunque con el compromiso de completarlas con estudios más específicos.
En su comparación en la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes para presentar las taxizaciones de la Cuenta General de la Comunidad correspondientes a los años 2019 y 2020, Mario Amilivia destacó que “Castilla y León es pionera” en presentar todo en una “única » cuenta y de forma «consolidada», por lo que restó importancia a las «limitaciones» detectadas en la taxización.
En ese sentido, Amilivia plantó acortar el plazo de rendición de cuentas de la Comunidad, fijado ahora en el 30 de noviembre, para que sea como máximo el 1 de agosto, en línea con el 30 de junio del Estado o el mes de julio de otra autonomía. Recordó que estos períodos se fijaron hace 20 años “cuando los sistemas nada tienen que ver con los que existen actualmente”.
Asimismo, como «reflexión», defendió la posibilidad de elaborar un informe de la cuenta general «más resumido» para que centre sur alcance legal y lo complemente con otros específicos de carácter legal o económico financiero, como los referidos a la deuda o la Gerencia Regional de Salud, como se está haciendo ya. Eso, resaltará, le permitiría al Consejo tenerlo listo en los seis meses siguientes a la rendición de cuentas.
Además de las recomendaciones sobre la Cuenta General de 2019 y 2020, el Consejo de Cuentas se planteó mejorar el método de elaboración de los estados financieros consolidados para evitar errores en los epígrafes y diseñar un modelo de revalorización del material inmovilizado conforme a lo establecido en la Plan General de Contabilidad Pública de Castilla y León.
Deuda y financiación
Amilivia explicó que en 2020 el presupuesto definitivo de gastos aumentó en 1.461 millones, hasta los 12.661 millones, destinándose casi una cuarta parte al refuerzo de la sanidad para afrontar la pandemia del Covid. Además, aseguró que la deuda pública proviene de la prestación de los servicios públicos y dijo que su aumento es «sostenible», por lo que bien remarcó que el modelo de financiación autonómica es «claramente insuficiente» par la Comunidad, porque no cree que pueda dar un paso atrás en relación con la política sanitaria, educativa o de los servicios sociales, informa Ical.
Asimismo, reseñó que en los próximos cinco ejercicios el conjunto de las entidades sujetas a contabilidad pública tendrá que hacer frente a la amortización del 51,21 por ciento de l’importe de su deuda, es decir, 6.340 millones de euros, y en diez años tendrá que asumirá el vencimiento del 90.16 por ciento del saldo de la deuda viva, siguiendo porcentajes similares a la Administración General, pues representa el 97.45 por ciento de la deuda total con entidades de crédito a largo plazo.
Durante la comparativa, la popular Rosa Ayuso Esteban defendió la gestión en 2019 y 2020, mientras que los procuradores de Vox criticaron el aumento de la deuda y criticaron a Ciudadanos, anterior socio de Gobierno, por las cuentas de Sacyl: “Curiosa la manera de audiencia transparencia». Por su parte, la socialista Rosa Rubio destacó la llegada de fondos del Gobierno durante la pandemia
