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Los integrantes del Grupo Popular Andrés Lorite y Carolina España lanzaron en octubre una batería de preguntas para la operación y mantenimiento de la flota de helicópteros de Vigilancia Aduanera. Un mes después, el Gobierno respondió, aunque no a todas las cuestiones plantadas, ni siempre a la cuestión exacta sobre la que se pedía información.
Especialmente llamativa es la respuesta sobre la fecha de entrada en funcionamiento de las cuatro bases operativas del Servicio de Vigilancia Aduanera tras la adjudicación a Eliance de la operatividad de la flota, el 13 de marzo del año pasado. Dos de ellas, la de Algeciras y Almería, funcionaron desde el 2 y el 6 de abril. La de Vigo, sin embargo, tuvo que esperar al 3 de septiembre.
Solo estas tres han estado cerrados 205 días en 2021. Curiosamente, el Ejecutivo no hace referencia a la cuarta, la de San Javier, en Murcia, que no se ha puesto en funcionamiento hasta ahora.
El Sindicato Libre de Trabajadores Aéreos asegura que ante esta situación el Gobierno tenía dos opciones, según el artículo 14 del Pliego de Cláusulas Administrativas: resolver el contrato con Eliance, o imponer a la empresa la correspondiente multa, que aumenta a 3.000 euros por día que la instalación no funciona.
Los cálculos del sindicato señalan que la multa a la que debe enfrentarse a Eliance, solo en lo que se refiere a las tres primeras bases –Algeciras, Almería y Vigo– es de 615.000 euros, y sin embargo la administración no ha hecho movimiento alguno para reclamar esta cantidad.
En la respuesta del Gobierno al Grupo Popular llama también la atención lo referente a la capacitación de las tripulaciones. Los diputados preguntaban si Eliance contaba desde el primer día con pilotos con licencias para dar ese servicio; es decir, para poder volar con todos los aparatos. La respuesta, tal como admite la propia adjudicataria, es que no, y de hecho tuvo que enviar pilotos a Alemania para sacar las licencias correspondientes, que no consiguieron hasta el verano.
Queda bien, el Gobierno, para responder a la pregunta exacta de que la planta se limita a precisar que “todas las tripulaciones que prestan en el contrato tienen la licencia en vigor”; es decir, en este momento, pero no cuando la adjudicación de la operatividad y mantenimiento de la flota por más de 20 millones de euros.
