La Comisión Europea ha aprobado este miércoles el Plan Estratégico de la Política Agraria Común (PAC) 2023-2027 presentado por España. Una PAC «más justa, más sostenible y más social, que dispondrá del presupuesto y las herramientas necesarias para avanzar hacia una agricultura más innovadora y digital, con el foco puesto en el relevo generacional», según el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.
Junto al plan de España, la Comisión Europea ha aprobado también los planes de otros 6 Estados mimbros: Dinamarca, Finlandia, Francia, Irlanda, Polonia y Portugal.
Con el plan han dejado de aprobarse las medidas de apoyo al desarrollo rural, tanto las impulsadas por las comunidades autónomas como las de competencia estatal. Por lo tanto, el plan recoge en un documento único de medidas de programación que en períodos pasados se distribuyeron a través de los diferentes Planes de Desarrollo Rural autonómicos, aprobados en distintos plazos, que podrían empezar a gestionarse sin retrasos, como ocurrió en las anteriores PAC.
Principales novedades
El plan supone una herramienta clave para facilitar la respuesta de la agricultura a las demandas ambientales y sociales de la sociedad. Para ello, va a pulsar cambios profundos, pero graduales, para lograr una agricultura más justa, rentable y social.
Los agricultores y ganaderos españoles van a contar con más de 4.800 millones de euros anuales en ayudas directas, de las que un 61 % irán destinados al apoyo a la renta (a través de la ayuda básica y el pago redistributivo), un 23 % al pago por compromisos ambientales (ecorregímenes), un 14% a ayudas asociadas para ciertas producciones y actividades ganaderas, y un 2% para el pago complementario a jóvenes.
Entre las principales novedades del plan, el sector comenzará a partir de 2023 con el nuevo pago redistributivo, una aportación a la renta adicional de las primeras hectáreas de cada explotación destinada a promover la redistribución de recursos hacia las pequeñas y medianas explotaciones, en su la mayoría de carácter familiar y profesional.
Asimismo, el plan reservará aproximadamente 230 millones de euros anuales para ayudas específicas para jóvenes, mediante el pago complementario de las ayudas directas y los fondos de ayuda rural destinados a dinamizar la primera instalación. Otra de las grandes novedades reside en que las mujeres que se instalen frente a una explotación agrícola recibirán un 15% adicional además de las ayudas a la renta que reciben los jóvenes.
Junto con las ayudas directas, el plan incluye una previsión anual de 582 millones de euros para programas sectoriales (frutas y hortalizas, vino, apicultura) y 1.762 millones de euros para gas público total para las medidas de desarrollo rural. Entre estas últimas, las principales acciones de destinas a inversiones (740 millones de euros, de los que un 44% serán para inversiones con multas ambientales); 370 millones de euros para los agricultores que asuman compromisos ambientales de carácter plurianual; 160 millones de euros para los programas LEADER; 140 millones de euros por las explotaciones que desarrollan su actividad en zonas con limitaciones naturales; 135 millones de euros anuales para el establecimiento de jóvenes agricultores; y 70 millones de euros anuales para medidas de innovación, asesoramiento y formación.
Ecoregímenes
Por otro lado, el plan recoge el compromiso de España con los objetivos del Pacto Verde europeo. Por eso, se destinará un 23% del presupuesto de la PAC para llevar a cabo prácticas agrícolas o ganaderas beneficiosas para el clima y el medio ambiente, a través de los denominados ecorregímenes, diseñados para que tengan una amplia acogida.
Los ecorregímenes incluyen prácticas como pastoreo extensivo, mantenimiento de pastos, rotaciones de cultivo, agricultura de conservación, áreas de vegetación o áreas destinadas a la biodiversidad. Se trata de medidas de carácter voluntario, que los agricultores deben analizar desde este mismo momento con el fin de poder elegir que solicitar prácticas el año que vengan a obtener estas ayudas adicionales, además de contribuir a la consecución de las multas ambientales.
