La Abogacía Española ha cerrado su XIII Congreso nacional con una ambiciosa hoja de ruta que marcará sus objetivos de los próximos años. Las conclusiones de esta ciudad celebradas en el centro de convenciones de Port Aventura incluyen un paquete de propuestas de enmiendas al Proyecto de Ley del Derecho de Defensa.
Entre estas enmiendas, que abordan aspectos muy diversos, incluye un refuerzo de la presunción de inocencia, el aseguramiento de las garantías de asesoramiento jurídico del detenido, una mayor concreción acerca de las garantías del secreto profesional y el establecimiento de los criterios de honorarios par que el litigante puede conocer el posible costo de emprender acciones judiciales, entre otras.
Entre las conclusiones de la ponencia de Derechos y libertades hoy también se incluye la denegatoria del juicio de amparo colegiado, establecido para proteger la dignidad del abogado en el ejercicio de su profesión.
Las 44 conclusiones se votaron al final de cinco sesiones deliberativas, en las que más de mil participantes debatieron sobre los principales retos a los que se enfrenta la profesión en la actualidad.
Sobre intermediación y nuevos modelos de negocio, se sucedieron, entre otras conclusiones, determinar el alcance del secreto profesional para los abogados de empresas, y pedir al legislador que establezca una acción de clase específica para los daños ocasionados en el ámbito del derecho de competencia, sin necesidad de la participación obligatoria de las asociaciones de consumidores y usuarios.
También se votó la necesidad del uso regular de los sistemas de Inteligencia Artificial para la prestación de servicios jurídicos y el ejercicio de la defensa, así como para la selección de profesionales de la abogacía. Se decidió que desde la abogacía institucional se establezcan programas de capacitación orientados a facilitar el acceso de los profesionales a las tecnologías y herramientas digitales.
Las conclusiones también recogen varios aspectos de la necesidad de una formación y especialización continua regular, certificaciones periódicas de actualización de conocimientos, así como un programa formativo al alcance de todos los profesionales, que garantice la mejora de oportunidades. Se aprueba la formación obligatoria continuada en el ámbito de la asistencia jurídica gratuita, formación que deberá ser gratuita para el profesional y subvencionada por las administraciones públicas.
Las conclusiones también piden que el Consejo General de la Abogacía establezca los requisitos para las diferentes especialidades, pero también que la especialización no tenga carácter obligatorio, ni suponga una reserva de actividad.
Y en lo relacionado con los falsificaciones deontológicos, se manifestó, entre otros temas, establecer deberes de custodia y control de datos sometidos a tratamiento automatizado ou su tráfico en dispositivos, velando por la protección de datos personales, confidencialidad y garantía del secreto profesional; la creación de un Observatorio de ciberseguridad de la Abogacía en el seno del Consejo General de la Abogacía, o la adopción de criterios deontológicos específicos en las nuevas áreas extraprocesales de la profesión, particularmente en mediación, protección de datos y cumplimiento en los negocios
En relación con la justicia gratuita, se dice que “sin dilación promovida van una nueva Ley reguladora de la materia” se ha dirigido a los poderes públicos. Pero, en tanto y en cuanto no se apruebe esta ley, se instó a la inclusión de una disposición final en el texto del proyecto de ley del Derecho de Defensa, par que “se incluyen como acreedores del beneficio de justicia gratuita las personas jurídicas juiciadas penalmente”, y para que establezca que “La intervención de profesionales designados de oficio para la asistencia, defensa y representación gratuita será indemnizada en todos los casos, incluso en aquellos supuestos en que no exista reconocimiento expreso del derecho a la asistencia jurídica gratuita”.
En conclusión, también es posible establecer la claridad y homogeneidad de los criterios para la concesión del beneficio de justicia gratuita, y revalorizarlo anualmente y dotar las compensaciones económicas, para que sea igual en todas las comunidades.
El apoyo a la justicia gratuita y el turno de oficio se tradujo también, en el tercero y último día del Congreso, en un Manifiesto, en el que se reclamó “un sistema claro y eficaz para la ciudadanía y también la dignificación del trabajo de los profesionales de la abogacía”. También hay una concentración de todos los asistentes en defensa de este servicio esencial.
