Dignificar las condiciones de trabajo de los investigadores y garantizar una financiación pública cada vez más estable en I+D+i. Esta es la petición de la comunidad científica y que pretende dar cumplimiento a la nueva Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación, cuyo Proyecto de reforma aprobó el Consejo de Ministros el pasado viernes.
La futura ley, según ha avanzado la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, dotó a las personas que investigan e innovan de más derechos y de un horizonte de estabilidad en sus carreras. Además, reduce las cargas administrativas, combate la brecha de género, incentiva la transferencia del conocimiento a la sociedad y a las empresas, y establece un sistema de gobernanza más ágil, participativo y abierto a todos los territorios. Norma contemplaba la creación de la Agencia Española del Espacio, que se concretará en un año.
Novedades de la ley
El texto incorpora el compromiso de apalancar una financiación pública en I+D+i del 1,25% del PIB en 2030, que, con el apoyo del sector privado, permitirá legalmente al 3% que establece la Unión Europea. El ministro ha subrayado que el system se shielda para el futuro porque el Gobierno ya está cumpliendo con ese objetivo.
La norma introduce reformas dirigidas a reducir la precariedad, dar estabilidad a los investigadores y atraer talento. Con este fin se crea una nueva modalidad de contrato indefinido vinculado al desarrollo de actividades científico-técnicas. Diana Morant ha explicado que el personal científico se considera esencial y prioritario, y tiende a ser una reposición expansiva.
En este caso, el ministro ha dejado constancia de que el Gobierno ha aprobado una oferta pública de empleo para este colectivo, que ha superado el importe de la reposición cero a tasas del 120%: «Las nuevas convocatorias permitirán que en los próximos tres años se incorporen de manera estableció 12.000 personas al sistema público de ciencia».
Morant también ha destacado que la ley planteó un nuevo contrato de hasta seis años para los investigadores postdoctorales, con una evaluación intermedia y otra final que les permitiera obtener el nuevo certificado R3. Este certificado favorece la consolidación de una plaza pública porque un mínimo del 25% de ellas en los organismos públicos de investigación y del 15% en universidades a estos investigadores.
La norma establece qu’evaluarán y reconocerán por primera vez los méritos de investigación realizados en el sector público y en cualquier universidad, tanto de España como del extranjero. Además, el texto recoge la figura del tecnólogo.
Diana Morant ha anunciado que se reconoce como una investigadora sanitaria personal a la que dedica el 50% de su tiempo a la investigación en hospitales y centros de salud.
Por otra parte, el texto da seguridad jurídica a la igualdad de género. El compromiso con la igualdad será exigido, fomentado y premiado con un premio especial para los centros de investigación e innovación de las universidades. «Queremos una ciencia de excelencia, y no hay excelencia científica si no garantizamos la no discriminación por cuestión de género», ha dicho la ministra.
Asimismo, la ley garantizó que las mujeres y los hombres dispondrán de permisos por exceso y que ese período no les penalice cuando se evalúen sus méritos.
El titular de Ciencia e Innovación ha añadido que la reforma está alineada con el Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia, define la ciencia como un bien común e integra en la I+D+i los valores de la ética, la integridad, la participación ciudadana y la igualdad. “Es la ley que necesita España para transformarse en un país más próspero, justo y verde, a través de un progreso colectivo asentado en el conocimiento y la innovación”, ha concluido.
