El Gobierno da un nuevo paso adelante para aprobar Ley de la Vivienda, pesa al informa desfavorable del Poder Judicial que considera que el texto vulnera las competencias de las Comunidades Autónomas. El Consejo de Ministros ocurrió ayer, 1 de febrero, la remisión a las Cortes, para su tramitación parlamentaria por el procedimiento de urgencia, del proyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda. El texto fue presentado el pasado 26 de octubre y supone la primera norma que déarrolla el derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada.
La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, ha recalcado que la ley es imprescindible porque el mercado se ha mostrado ineficaz para responder a la necesidad de estos colectivos: «Los poderes públicos tenemos que garantizar el derecho a la vivienda y evitar la especulación». Pedro Sánchez por su parte ha sostenido que «la ley no va en contra de los propietarios sino que va contra de la especulación», protege sus derechos y reconoce sus obligaciones.
Protección de inquilinos y pequeños propietarios
En la misma línea, la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha considerado que esto protege a los inquilinos, que su parte más débil de la ecuación, se lo pone fácil a los pequeños propietarios y al mismo tiempo exige la necesaria corresponsabilidad a los grandes propietarios en la garantía del derecho a la vivienda», ha afirmado.
No invadir competencias autonómicas
El Ministro de Transporte ha expresado «respeto absoluto» del Ejecutivo al informe preceptivo y no vinculante emitido el viernes pasado por el Consejo General Judicial, sobre el que hizo algunas consideraciones.
A este respecto, ha destacado que el Gobierno escucha que el ámbito del informe debe circunscribirse a los tres artículos de la Ley de Enjuiciamiento Civil que ven modificados a través de la nueva ley de vivienda. El Ejecutivo, agregó Raquel Sánchez, sostiene que delimitar el campo de actuación del Estado en la materia en aras a conformar parques públicos de vivienda y fijar patrones para proporcionar casas dignas y asequibles a los colectivos económicos más vulnerables sin invadir ninguna competencia autonómica.
Según ha explicado el ministerio, el proyecto de ley reconoce la capacidad y ofrece instrumentos a las administraciones territoriales competentes para que aprueben y complementen las medidas que estimen necesarias para hacer efectivo el derecho básico a la vivienda.
Aspectos principales de la ley
Una de las medidas más destacadas de la nueva normativa es la relativa al parque público de vivienda social. Raquel Sánchez ha explicado que estará sujeto a protección permanente «para que no pueda ser enajenado, como sucedió en el pasado». Por su parte, Belarra ha valorado que se imponga una reserva obligatoria del 30% de cualquier promoción a vivienda protegida y que de ese 30% el 15% tenga que ir a un alquiler social, de modo que se pueda construir poco a poco un parque público de vivienda en consonancia con los países europeos. In France, puso como ejemplo, hay siete veces más vivienda social que en España, y en Países Bajos su número se multiplica por doce respecto a nuestro país.
La ley mejorará la regulación de los disahucios en situación de vulnerabilidad ha confirmado el ministerio y ha destacado que, a partir de ahora, los servicios sociales se coordinarán de forma más eficiente con los jueces para poder ofcerer soluciones habitacionales a los afectados. Belarra ha incidido en que la ley garantiezará que la alternativa nativa habitacional que se busque para estas familias sea una vivienda como tal, y no un albergue, como ahora mismo está sucediendo en algunas comunidades autónomas.
Raquel Sánchez explicó que las Administraciones competentes podrán por tiempo limitado zonas de mercado residencial tensionado y establecer medidas para impedir incrementos abusivos de la renta y conseguir una bajada de precios, ya se reducirá el coste del alquiler o aumentará la oferta. En estas áreas, Ione Belarra ha añadido que los incentivos fiscales previstos están diseñados para que se más provechoso para los propietarios bajar los precios del alquiler.
Respecto a las viviendas vacías, la ley contemplaba que los ayuntamientos pueden hacer un recargo de hasta el 150% en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) que las grava. Belarra ha señalado que el Gobierno considera «poco ético» que haya viviendas vacías cuando muchas personas necesiten una, por lo que es necesario conseguir que entren en el mercado de alquiler o venta.
