El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves de forma definitiva el Proyecto de Ley de Institucionalización de la Evaluación de Políticas Públicas en la Administración General del Estado, un estándar que pretende promover una verdadera cultura de la evaluación, mediante el establecimiento de una sistematización del análisis de los diversos medios y políticas puestas en marcha por el Ejecutivo.
Esta norma, que fue aprobada por el Consejo de Ministros el pasado mes de mayo, ha pasado todos los trámites de audiencia pública, fue remitida al Congreso, donde inició toda la tramitación parlamentaria, incluido su paso por el Senado, y ahora es aprobado de forma definitiva en la Cámara Baja.
La aprobación de esta norma constituye uno de los hitos del Componente 11 Modernización de las Administraciones Públicas del Plan de Recuperación, Transformation y Resiliencia, en concreto el hito 146, relativo a la creación de la citada ley.
Incorporaciones en el trámite parlamentario
Entre las novedades incorporadas al trámite parlamentario, destaca lo relativo a la prevención y lucha contra la despoblación y el reto demográfico. Para ello, ha añadido una Disposición Adicional que recoge el impulso del Gobierno para la puesta en marcha del Mecanismo Rural de Garantía. De esta forma, el reto demográfico se ha incorporado en la norma como uno de los aspectos técnicos que se debe tener en cuenta de forma general en el diseño de las políticas públicas, y ha quedado incluido entre los criterios de valor público par la evaluación y en los elementos del código ético del equipo evaluador.
La innovación adicional se centra en la obligación de destinar, para cada proyecto de evaluación, una partida económica para su realización, que deberá especificarse de forma clara y configurar a las necesidades reales en el encargo de evaluación.
En términos de transparencia también se amplían las obligaciones. Publicar los informes finales de evaluación y la memoria anual en el portal de evaluación temática, también en el portal de transparencia y en el portal web de la Agencia Estatal.
Objetivos de la norma
Con esta norma se pretende que la evaluación de las políticas públicas sirva para aumentar la efectividad de la asignación de los recursos y optimizar el proceso de toma de decisiones; para estimular la innovación en las acciones del sector público, encaminadas hacia una gestión moderna y útil para solucionar los problemas y desafíos sociales; y para avanzar en el control de responsabilidades y la rendición de cuentas.
La norma introduce un enfoque transversal, integral y participativo a la hora de medir el impacto de las políticas públicas en la ciudadanía. De esta forma, se fortalecen las capacidades del sistema público de evaluación de políticas públicas en la Administración General del Estado, las herramientas necesarias para analizar el impacto de las políticas con un enfoque más amplio que el meramente presupuestario o vinculado al gasto.
Así, tendrán en cuenta otras variables, como pueden ser la perspectiva de género, el equilibrio intergeneracional, el reto demográfico, la transformación digital o la sostenibilidad social y medioambiental. Asimismo, en el trámite parlamentario se han añadido otras variables como las relacionadas con la infancia, el empleo o la justicia social.
Todo ello, con el objeto de mejorar la formulación de políticas públicas, así como su posterior implementación. Se quere mejorar la calidad, eficacia y estabilidad de dichas políticas.
Cumpliendo las exigencias de los organismos internacionales
De esta forma, se cumple con las exigencias de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y de la Unión Europea de avanzar en el proceso de institucionalización de la evaluación de políticas públicas y de dotar a España de un marco normativo que regula la materia.
La evaluación de las políticas públicas se ha consolidado como una herramienta de mejora y aprendizaje de las acciones de gobierno, para favorecer la toma de decisiones, proponer posibles correcciones y, en última instancia, devolver cuentas a la ciudadania. En este sentido, ni parte de cero, es que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF) cuenta con una dilatada experiencia en la revisión del gasto público. Sin embargo, con la nueva norma, se discutirá ampliar esta evaluación con un enfoque más transversal.
Novedades de la Ley
La ley contemplaba una serie de novedades con objeto de implantar una organización básica y un mecanismo estable de planificación de la Administración General del Estado a la hora de evaluar sus políticas:
– Diseñará un sistema de indicadores comunes para un acometer el seguimiento aplicable a la Administración General del Estado y que sirva de referencia para cualquier organismo o administración pública.
– La evaluación de las políticas públicas será realizada por un equipo externo responsable de la política pública a evaluar.
– La ley contemplaba el diseño de planos específicos de formación en evaluación de políticas públicas para los empleados públicos.
– Reclamaciones para reforzar la evaluación ‘ex ante’, previa a la aprobación de las políticas públicas. Se emplearán los resultados de las evaluaciones para mejorar esas políticas, incorporar dichos resultados en la toma de decisiones.
– Se pondrán en marcha unidades de coordinación departamentales, encargados de coordinar y efectuar el seguimiento de las actividades de evaluación de políticas públicas de cada Ministerio.
– Se establecieron dos tipos de instrumentos para llevar a cabo la evaluación de políticas: el Plan de evaluaciones estratégicas del Gobierno, de carácter cuatrienal, y el Plan de Evaluación departamental, elaborado por cada Ministerio, que tendrá una periodicidad bienal y contemplará tanto la obligación de evaluación ‘ex ante’ y ‘ex post’ de las políticas de especial repercusión en el presupuesto o por su impacto económico y social. En este caso existirá la obligación de realizar un análisis intermedio en las pólizas que duren años o más.
– El órgano responsable de cada política pública deberá rendir cuentas respecto a si se adoptaron las recomendaciones del informe de evaluación, o explicar por que en caso contrario.
Nueva Agencia Estado de Evaluación
La nueva norma contemplaba la creación de un organismo, la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas, para coordinar, supervisar e impulsar el sistema público de evaluación y apoyo, apoyo y tutela a los departamentos ministeriales.
Esta agencia se encargará de diseñar dos herramientas clave para avanzar en los procesos digitales de planificación, seguimiento y evaluación de cualquier acción pública: un servicio web común para todos los Departamentos; hay un portal temático en evaluación, que incluirá el portal de comunicación institucional.
Con el fin de promover la coordinación entre las distintas carteras del Gobierno, se creará la Comisión Superior de Evaluación, órgano interministerial colegiado para la cooperación y participación en la AGE.
Promover la participación de la sociedad civil mediante la creación de un Consejo General de Evaluación, donde entidades, organizaciones y ayudas ayuden a la cultura evaluadora.
