Sol, playa, música…y mucha fiesta, aunque no siempre legal. La llegada del buen tiempo no solo hace efecto al turismo y al relax, sino a la celebración de actividades de ocio no reguladas y que en muchas ocasiones ponen en riesgo la seguridad de las personas.
Es el caso de Baleares, donde el Gobierno insular ha decidido, mediante el Decreto Ley 5/2022, de 16 de mayo, modificar varios artículos de la Ley 7/2013, de 26 de noviembre de régimen jurídico de instalación, acceso y ejercicio de actividades en las Illes Balears, para hacer frente a la explosión de las fiestas ilegales, sobre todo lo que se llevan a cabo en viviendas y en determinar el ámbito de suelo rústico.
Actividades recreativas y espectáculos
En los últimos tiempos han ido expandiéndose las actividades de ocio y entretenimiento como una oferta paralela a las actividades permanentes, como por ejemplo las desarrolladas en discotecas, salas de fiestas o bares de copas. Se trata de unas actividades no autorizadas puesto que no acreditan ningún tipo de interés público y que plantan una competencia desleal a las actividades legales, pero, sobre todo, suponen un importante riesgo para las personas que participan en ellas al no tener los lugares donde se llevan cabo los elementos de seguridad y protección necesarios. Además, también tienen impactos importantes en el orden público y en la convivencia ciudadana, generando molestias y ruidos, problemas de movilidad y de acceso de servicios esenciales, además de ser un foco potencial de otras actividades ilícitas.
fiestas ilegales
La nueva normativa define las fiestas legales como las reuniones o eventos multitudinarios de ocio y entretenimiento que, con ánimo de lucro, se llevan a cabo en espacios que no tienen la consideración de establecimiento público y se organizan y comercializan fuera de los canales convencionales de la ofrecido legalmente. Es característico de estas fiestas, aunque no se dé en todos los casos, que implica una aglomeración de personas; que se lleven a cabo en una vivienda o en un espacio que no cuenta con las medidas legalmente exigibles para garantizar la seguridad de las personas y sus bienes; que se consumen bebidas alcohólicas; que ofrezcan actividad musical; que normalmente haya servicios de transporte para los usuarios.
Sanciones
La norma dispone, por tanto, que quedan expresamente prohibidas en toda clase de inmuebles y espacios, en toda clase de suelo, con independencia de su clasificación urbanística, la organización, la comercialización, la publicidad o la celebración de este tipo de fiestas ilegales.
Unido a esta prohibición, se prevén, sanciones, según su gravedad, entre otras acciones, la participación en fiestas ilegales; su organización, mercadeo, publicidad o celebración; la participación en ellas cuando se lleven un cabo en viviendas o en espacios naturales protegidos, y su organización, comercialización, publicidad o celebración cuando se lleven un cabo en tales viviendas o espacios naturales protegidos.
Para esta última infracción se impone una sanción de multa de 100.000 a 300.000 euros.
Además, cuando lleve un cabo en una edificación que se comercialice como estancia turística en vivienda, s’impondrá sanción accesoria de la pérdida de los efectos de la declaración responsable de inicio de actividad turística para esta actividad, así como la prohibición de poder presentar a nueva declaración responsable de inicio de actividad turística para realizar la actividad de comercio como estancia turística en vivienda hasta un plazo máximo de tres años.
Servicio de taxi
Por otro, se eliminó la preferencia en las paradas de los taxis municipales y se incorporó el régimen de posicionamiento por satélite (GPS); incluye el soporte para la gestión del servicio de posicionamiento por satélite dentro del soporte para el radioteléfono; se dispone que las tarifas correspondan al servicio por la distancia recorrida únicamente se aplicarán cuando los vehículos no superen la velocidad máxima permitida; en relación con la incorporación al taxímetro de la tarifa por kilómetros realmente registrados se suprime que se completa con el precio final con la importación de la devolución al lugar de origen del servicio, se establece que los usuarios tienen derecho al transporte gratuito del equipaje.
